Pedro Antonio Medina

14-Medina Pedro Antonio2

Fuente Foto: Base de datos de consulta pública del Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado. Parque de la Memoria

Pedro Antonio Medina

Tenía 24 años cuando fue secuestrado el 8 de febrero de 1975.

El día de su cumpleaños este año, comienza el juicio para esclarecer su asesinato. El 5 de mayo de 2016 cumpliría 66 años.

Era maestro rural en la Escuela La Rinconada en Simoca y estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

Era militante de la Organización Montoneros.

El 5 de mayo de 2016 comienza el juicio oral y público “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán.

Pedro Antonio Medina es una de las 269 víctimas dentro de esta megacausa.

Los juicios reescriben nuestra historia, compartimos el procesamiento del Operativo Independencia, y destacamos puntos que consideramos importantes y los relacionados con Pedro Antonio Medina.

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¡MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA!

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Hechos que perjudicaron a Guillermo Eduardo Díaz Nieto (CASO 12), Pedro Antonio  Medina (CASO 13) y José Teodoro Loto (CASO 14). Causa: “Nieto de Díaz Martínez María Esther s/denuncia por secuestro y desaparición de Díaz Nieto Guillermo Eduardo” Expte. N° 1.427/05, Acumulada: “Medina Aldino s/denuncia por secuestro y desaparición de Pedro Antonio Medina” Expte.
N° 1.275/05.
Guillermo Eduardo Díaz Nieto: argentino, MI nº 8.044.504, (a) “Chango” y “Repollo”, a la fecha de los hechos tenía 27 años y trabajaba como empleado no docente en la Universidad Nacional de La Plata, era gremialista y pertenecía a la Organización Montoneros y a la Juventud Peronista.
Pedro Antonio Medina: argentino, LE nº 7.854.312, a la fecha de los hechos tenía 24 años de edad, estaba casado, trabajaba como maestro de escuela en la localidad de Simoca y militaba en la Organización Montoneros.
José Teodoro Loto: (a) “Cicuta”, argentino, oriundo de Santiago del Estero (Termas de Río Hondo), LE nº 8.169.100, a la fecha de los hechos era soltero, tenía 24 años de edad y trabajaba como técnico químico en el Ingenio Bella Vista.

Hechos: El día 8 de febrero de 1975 Guillermo Eduardo Díaz Nieto llegó a Tucumán desde la ciudad de La Plata en compañía de su familia (su esposa Haydee Lampagnani de Díaz y sus dos hijos  varones) a los efectos de concretar el alquiler de una vivienda, pues tenía la intención de radicarse en Tucumán ante las reiteradas amenazas que había sufrido en La Plata por parte de la Triple A. El día señalado se instaló en el Hotel La Vasca, del centro de la ciudad y al día siguiente, 9 de febrero de 1975, salió aproximadamente a las 14.00 horas con destino a la ciudad de Concepción a una reunión, prometiendo regresar a las 19.00 horas. Díaz Nieto se reunió ese mismo día en horas de la tarde con José Teodoro Loto, quien salía de su trabajo en el Ingenio Bella Vista. Loto era oriundo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y había ido a vivir en Tucumán a causa de la persecución política de que era objeto en su provincia natal. Los dos se trasladaban en una camioneta Rastrojera color blanco y recogieron en las cercanías de Simoca, enfrente de una estación de servicios, a Pedro Antonio Medina, quien trabajaba como maestro en esa localidad. A poco de arrancar, un kilómetro más adelante el vehículo fue interceptado por dos automóviles particulares, de los que bajaron varios hombres y por la fuerza los introdujeron en uno de ellos. Se trataba de policías de la provincia, conforme fuera asentado en el archivo de la D.I.P.P.B.A. (n° 12.854) correspondiente a Guillermo Eduardo Díaz. Según información reunida por sus familiares, los tres fueron trasladados en algún momento antes del 10 de febrero a la Brigada de Investigaciones de la policía de Tucumán o a la Delegación Tucumán de la Policía Federal, donde Rodolfo María Ojea Quintana pudo escuchar a Díaz Nieto. Allí habrían sido torturados, falleciendo Medina en la tortura y Díaz Nieto y Loto habrían sido asesinados por sus captores. Presumiblemente las tres víctimas, o sus cuerpos sin vida, habrían sido dinamitados por las fuerzas armadas y de seguridad en un automóvil en la intersección de las calles Moreno y Crisóstomo Álvarez de la ciudad de San Miguel de Tucumán. De este hecho da cuenta el diario matutino La Gaceta de fecha 5 de marzo de 1975 en una nota titulada “Violenta explosión de un auto”. Las tres víctimas eran integrantes de la organización Montoneros. Esta organización había secuestrado al cónsul norteamericano en Córdoba, Eagan, cuya libertad pretendía canjear por la aparición con vida de varios militantes de la organización, entre ellos Díaz Nieto, Loto y Medina, según fuera publicado en la revista “Evita Montonera” de fecha 28 de febrero de 1975. Al día de la fecha Edgardo Díaz Nieto, Pedro Antonio Medina y José Teodoro Loto continúan desaparecidos.

Pruebas: (i) Fs. 1 a 7 Copias Legajo Comisión Bicameral Nº 341-D-84 perteneciente a Guillermo Eduardo Díaz Nieto, incluyendo: a fs. 1/3 denuncia ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Buenos Aires de María Esther Nieto de Díaz Martínez. (ii) Fs. 52 a 69 Actuaciones originales de causa caratulada “Díaz Nieto Guillermo Eduardo Por Recurso de Habeas Corpus” Expte. nº 479/75. (iii) Fs. 104 Declaración testimonial de Mardonio Rafael Díaz Martínez ante Juez Federal de Catamarca por vía de exhorto en fecha 02/06/2009. (iv) Fs. 105/107 Declaración testimonial de Jorge Raúl Díaz Martínez ante Juez Federal de Catamarca por vía de exhorto en fecha 02/06/2009, el mismo testifica que entre el día 7 o 9 o 10 de febrero, el Gobernador Juri por intermedio de Benito Romano (quien está desaparecido) le comunicó al padre de José Teodoro Loto que debía trasladarse a Tucumán porque tenía hasta ese día para retirarlo con vida, puesto que hasta ese día estaba bajo la jurisdicción de él. Amado Juri llamó al Gobierno de Santiago del Estero, a Robin Zayek, quien le negó la posibilidad de llevarlo de nuevo a Santiago del Estero, le dijo “hagan lo que quieran”; el Sr. José Dalmasio Loto se trasladó a San Miguel de Tucumán, junto con un empleado de la carpintería de apodo “Falucho”, para entrevistarse con las autoridades – probablemente el entonces gobernador Amado Juri – quienes le informaron que José Teodoro Loto había sido asesinado. Esto le provocó un triple infarto. (v) Fs. 120/122 Declaración testimonial de Haydee Alicia Lampugnani ante el Juzgado Federal n°1 de Tucumán en fecha 23/11/2009. (vi) Fs. 123 y 124 copia de publicación “Evita Montonera” de febrero de 1975, en la que desde la Organización Montoneros se exhortaba al Gobierno y a las Fuerzas Armadas a que liberaran a Díaz Nieto, Medina y Loto a cambio de la liberación de John Patrick Eagan cónsul de Estados Unidos en Córdoba, quien había sido secuestrado por Montoneros. (vii) Fs. 125 “Parte de Guerra” de fecha 20 de febrero de 1975 emitido por la Organización Montoneros, en el que se exhortaba la liberación de Díaz Nieto, Medina y Loto a cambio de la liberación de Eagan. (viii) Fs. 126 y 127 Noticia publicada por el matutino La Gaceta en fecha 5 de marzo de 1975 titulada “Violenta explosión en un auto”. (ix) Fs. 128 y 129 Declaración testimonial de Gervasio Antonio Díaz ante el Juzgado Federal n°1 de Tucumán en fecha 23/11/2009, el que declara haber tomado conocimiento por dichos de la Sra. Sara Mrad que el Sr. Alfredo Santana (posteriormente asesinado) había averiguado que después todos fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, en ese lugar Pedro Medina habría muerto en la tortura mientras José Teodoro Loto y Guillermo Díaz Nieto habrían sido asesinados. (x) Fs. 144 Declaración testimonial de Juan Carlos Lanati ante el Juzgado Federal n° 1  de Tucumán en fecha 08/02/2010. (xi) Fs. 145/146 Declaración testimonial de Gustavo Enrique Herrera ante el Juzgado Federal n°1 de Tucumán en fecha 23/02/2010, el que declara que tomó conocimiento a través de la Organización Montoneros de que las tres víctimas, o sus cuerpos sin vida, habrían sido dinamitados por las fuerzas armadas y de seguridad en un automóvil en la intersección de las calles Moreno y Crisóstomo Álvarez de la ciudad de San Miguel de Tucumán; de este hecho daría cuenta el diario matutino La Gaceta de fecha 5 de marzo de 1975. (xii) Fs. 150/151 Declaración testimonial de Graciela Celina Imaz ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en fecha 21/12/2010. (xiii) Fs. 152 a 154 Declaración testimonial de Rodolfo María Ojea Quintana ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en fecha 27/07/2010. (xiv) Fs. 157 Declaración testimonial de Julieta Magdalena Locascio ante el Juzgado Federal n°1 de Tucumán. (xv) Fs. 158 Declaración testimonial de José Alfredo Salazar ante el Juzgado Federal n°1 de Tucumán en fecha 01/10/2010. (xvi) Fs. 168 Archivo D.IP.P.B.A. n° 12.854 perteneciente a Guillermo Eduardo Díaz Nieto. (xvii) Fs. 173 a 193 Legajo Bicameral n° 230-M-84 perteneciente a Pedro Antonio Medina. (xviii) Fs. 204 al 218 Copias certificadas de causa caratulada “Medina Pedro Antonio Por Recurso de Habeas Corpus” Expte. n° 636/81. (xix) Fs. 243 Declaración testimonial ante Juzgado Federal nº 1 de Tucumán de Lorenzo Nolasco Medina en fecha 08/05/2009. (xx) Fs. 245 a 296 Copias de Legajo Comisión Bicameral Nº 230-M-84 de Pedro Antonio Medina. (xxi) Fs. 299 a 311 Legajo caratulado: “Asamblea Permanente por la Derechos Humanos Filial Sgo. del Estero sobre detenidos desaparecidos Caldera Hugo Miguel – Santucho Francisco Rene- Loto José Teodoro”, en la que se incluyen las denuncias por la desaparición de Pedro Teodoro Loto. (xxii) Fs. 321 a 343  Legajo “Asamblea Permanente por los derechos humanos (Filial Sgo. del Estero s/ detenidos desaparecidos – Caldera Hugo Miguel Santucho Francisco René –Loto José Teodoro“ Expte. 32 de fecha 08/05/1984. (xxiii) Fs.322 y 331-332 Denuncia de Arsenia Zurita de Loto ante APDH Santiago del Estero. (xxiv) Fs. 346-348 Denuncia de Anita Elena Loto ante Fiscalía Federal nº 1 de Tucumán en fecha 17/09/2008, en la que la testigo da cuenta de las circunstancias previas y posteriores a la desaparición de José Teodoro Loto. (xxv) Fs. 349 a 350 Recortes de prensa diario “El Liberal” de Santiago del Estero de fecha 10/02/2005. (xxvi) Fs. 362 Declaración testimonial ante Juzgado Federal nº 1 de Tucumán de Graciela del Valle Achín en fecha 17/04/2009. (xxvii) Fs. 367 y ss Actuaciones originales de la causa caratulada “Medina Pedro Antonio s/ sec y desaparición” Expte. n° 689/87.

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3.- CONTEXTO HISTORICO: Operativo Independencia.

3.1. Los antecedentes de la violencia política en Argentina: Operativo Tucumán.
Cuando se analiza la violencia en Argentina se toma como centro la represión ilegal y clandestina llevada a cabo por el Estado entre 1976 y 1983 durante la dictadura militar y el denominado Proceso de Reorganización Nacional. No obstante, dicho episodio resultaría inseparable de otro inmediatamente anterior que trascurre entre 1969 y 1976, en donde el uso de la violencia política se torno normal y en cierto modo aceptado por buena parte de la sociedad (Cfr. en tal sentido Luis Alberto Romero, La violencia en la historia Argentina reciente: un estado de la cuestión, 2003).

Pero para llegar a 1969, cabe recordar cuales fueron las características principales del gobierno de facto vigente en dicho período, y sus particularidades en la provincia de Tucumán.

Compartiendo el análisis del historiador Romero (Breve historia contemporánea de la Argentina, 2001, Fondo de Cultura Económica) cabe referir a que el gobierno de facto que asume el poder en 1966 se inicia con un “shock autoritario”: (i) se proclamo el comienzo de una etapa revolucionaria donde se adosó a la Constitución un Estatuto de la Revolución Argentina por el cual juro el General Onganía – presidente designado por la Junta de Comandantes- quien se mantuvo en el poder hasta junio de 1970; (ii) se disolvió el Parlamento y el presidente concentró en sus manos los dos poderes; (iii) luego se comenzó a encorsetar a la sociedad: la represión del comunismo –uno de los temas que unía a todos los sectores golpistas- se extendió a todas aquellas expresiones del pensamiento crítico, de disidencia o hasta de diferencia siendo en esta etapa la universidad, el blanco principal.

La Universidad Nacional, era vista como el lugar típico de la infiltración, la cuna del comunismo y el foco del desorden, pues se consideraba que las manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso de gimnasia subversiva. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica.

Paralelamente, sostiene el historiador, las medidas autoritarias invadieron también algunos sectores económicos, particularmente aquellos beneficiados hasta entonces con medidas proteccionistas y cuya modalidad productiva fue calificada de “comunista”.

En esta dirección, la provincia de Tucumán fue, durante la dictadura de Onganía, un objetivo político-económico de importancia (Cfr. Izaguirre, Inés “Impunidad y legalidad Una síntesis del Operativo Independencia en Tucumán”, 2000).

La burguesía azucarera tucumana estaba dividida en dos fracciones: (i) una más moderna con capital más concentrado aliada a los ingenios del norte (Jujuy y Salta) que acompañará la modernización capitalista del gobierno, agrupada en el Centro Azucarero Regional; (ii) la otra más tradicional y atrasada agrupada en la Cámara Gremial de Productores de Azúcar, que se había limitado siempre a competir con los ingenios del norte y a compensar las oscilaciones internacionales de los precios con subsidios estatales.

Atento a los altos costos de producción –vinculados a los costos de una fuerza de trabajo fuertemente sindicalizada en la FOTIA-, la baja de los precios internacionales del azúcar y la reducción de compras de azúcar desde EEUU, el gobierno de facto decidió modernizar la producción concentrando las inversiones (Cfr. Crenzel Emilio, “El Tucumanazo”, Buenos Aires, 1991).

Relata Ana Julia Ramirez (“Tucumán 1965-1969 movimiento azucarero y radicalización de la política”, 2008) que, a pocos meses de iniciado el gobierno de facto de Onganía se adoptan un conjunto de políticas diseñadas por el estado nacional conocidas como “Operativo Tucumán” cuyo objeto declarado la racionalización y diversificación de la industria local. Tal objetivo exigía una forzada retracción de la producción azucarera, para lo cual se decidió intervenir y cerrar los ingenios -en teoría- menos eficientes, regular la producción de caña a partir de la expropiación de los cupos de producción a los pequeños productores rurales, mantener cupos de producción por ingenio y poner en marcha un plan de incentivos fiscales para la radicación de nuevas industrias.

Los ingenios afectados por estas medidas fueron La Esperanza, Bella Vista, La Trinidad, Lastenia, La Florida, Nueva Baviera y Santa Ana; el ingenio Mercedes, Los Ralos y San José (que cerraron con acuerdo entre el estado y sus propietarios); y los ingenios San Antonio, Amalia, San Ramón y Santa Lucía (que quebraron por falta de créditos). Remarca Ramírez que muchos de los dirigentes sindicales más combativos pertenecían a los ingenios cerrados.

Según Ramírez los efectos inmediatos y desastrosos de los planes de racionalización del gobierno impactaron y desorientaron a la dirigencia sindical que en el plano nacional y provincial había dado claros signos de apoyo al nuevo staff gobernante. Pero la parálisis de la dirigencia no impidió que las bases obreras afectadas implementaran serios intentos de resistencia.

Las protestas comenzaron con una ola ascendente de violencia entre la policía y los trabajadores, los que a su vez eran acompañados por sus familias, por los párrocos de los pueblos y por los estudiantes.

Así, entre 1965 y 1969 la obstinada resistencia de los obreros del azúcar y su articulación con otros sectores evito el cierre de algunos ingenios y logró que se implementaran medidas paliativas al creciente desempleo, pero ni la movilización ni los “Tucumanazos” de noviembre de 1970 y junio de 1971, pudieron torcer el rumbo de la conversión económica trazada para la provincia por el gobierno nacional, ni pudo frenar el desplazamiento de la combativa FOTIA hacia posiciones más moderadas, al margen del campo de protesta.

Pero no todo era protesta popular y social en respuesta a la represión y a los desmanes económicos de la dictadura, para el historiador tucumano Roberto Pucci (Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, Ediciones Pago Chico 2007) desde el Cordobazo (mayo 1969), la violencia será cotejada por algunos grupos como método de acción, abrazando el evangelio de la revolución, un fenómeno propagado entre las juventudes estudiantiles y los intelectuales de todo occidente, pero que en Argentina tuvo una particularidad: la violencia había sido iniciada por el poder militar. Remarca como un dato olvidado que la dictadura militar de 1966 fue la responsable de haber introducido el empleo sistemático de la “desaparición” -llamada entonces simplemente secuestros- de opositores, dirigentes sindicales y estudiantes (Cfr. Crawley Eduardo “La casa dividida”, citado por Pucci, Ob.Cit.).

Sostiene Pucci que hasta los días finales de la dictadura de Onganía habría existido un cierto sentimiento de simpatía pública por las acciones de estos grupos de jóvenes que hostigaban al Régimen, pero cuando la deriva al guerrillerismo se prolongó luego del retorno del peronismo al poder (1973), se iniciaría una feroz matanza que se dirigió en un primer momento a los grupos armados, pero que luego se extendió hacia el conjunto mayoritario de los ciudadanos y de la sociedad civil que, si bien repudiaba la dictadura y la sociedad autocrática y clerical que aquella buscaba imponer, nunca escogió el camino de la violencia armada.

En lo que respecta a Tucumán, a fines de mayo de 1973 cuando el peronismo se hizo cargo del poder el clima general era de euforia, pero la ciudad de San Miguel de Tucumán se encontraba acuciada por la miseria, por el déficit habitacional, el analfabetismo y la propagación de un sinnúmero de “enfermedades sociales” provocadas por la destrucción del aparato productivo de la provincia.

No obstante las iniciativas de los gremios azucareros dirigidas a la reapertura de los ingenios cerrados y la reivindicación de la industria azucarera, hasta la caída del gobierno no se aprobó ninguna ley azucarera, no se reabrió ningún ingenio ni llego a esbozarse ninguna política alternativa para hacer frente al desquicio provocado por los militares y sus socios civiles en los años anteriores.

Con relación a la violencia guerrillera y el terrorismo urbano iniciada a comienzo de la década del 70, la misma no cesó ni en Tucumán ni en el resto del país durante el gobierno constitucional electo y se nutrió de nuevas fuentes: la lucha desatada entre derecha e izquierda dentro del partido peronista, y la decisión de la conducción de dicho partido de depurar al peronismo de los grupos de izquierda y de los grupos armados que se reivindicaban como parte del movimiento.

El historiador tucumano, marca en dicho momento el nacimiento de un servicio de vigilancia interno del partido gobernante, denominado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), creada a instancia de un documento secreto del Comando Superior Peronista, cuyo objetivo originario fue el de eliminar los “marxistas infiltrados” del peronismo y estuvo encabezada por José López Rega. El núcleo de la Triple A en Tucumán estuvo constituido por un denominado “Comando Nacionalista del Norte” rama local de la Alianza Libertadora Nacionalista dirigida por Ismael Haouache, que patrocinó el lanzamiento de la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista de la República Argentina, pantallas políticas de esa organización criminal que inició en el país una caza de brujas con intimidaciones, amenazas de muerte y atentados dirigidos a diferentes sectores de la sociedad.

La organización criminal dirigida por López Rega desato una profunda represión ilegal a la que se le atribuye numerosos asesinatos entre 1973/1976 (tales hechos se encuentran investigados a la fecha una causa que se substancia ante el Juzgado Federal Criminal no 5 de CABA, a cargo del Juez Norberto Oyarbide).

Frente a tal escenario ya a fines de 1974 habrían comenzado a correr rumores de que Tucumán sería intervenida, situación que acelera la eliminación de la izquierda peronista en el ámbito provincial, siendo la Universidad Nacional el campo de batalla de las diversas alas en pugna dentro del partido gobernante.

Con respecto a lo que sucedía en la Sierra Tucumana, Pucci relata que el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) había iniciado en 1974 su aventura de la guerrilla del monte, y la presencia del foco guerrillero habría proporcionado al gobierno y al Ejército las razones para invadir militarmente la provincia en febrero de 1975 mediante el llamado “Operativo Independencia”, agitando el fantasma de que la guerrilla estaba próxima a la creación de una “estado independiente” en la provincia de Tucumán.

Sin embargo el ERP nunca habría controlado ni el territorio que pisaba: sus campamentos eran escondites en el monte, una selva casi deshabitada que les daba refugio pero que rápidamente se convirtió en su propia encerrona.

Desde el punto de vista técnico, el combate entre el Ejército y la guerrilla rural del ERP no podía caracterizarse como una guerra: la denominada Compañía del Monte tucumana nunca sumó más de 100 o 150 jóvenes armados enfrentados por una fuerza que llegó a reunir 6000 efectivos militares: de un lado del combate había un Ejército del otro un grupo de personas armadas (Cfr. Lucía Mercado, Santa Lucía de Tucumán La Base, 2005; Vezzetti Hugo “Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina” citado por Pucci).

El interventor a cargo del Operativo Independencia Adel Vilas sostuvo que la lucha rural había concluido el 25 de octubre de 1975 con el combate de San Gabriel, y que el 21 de diciembre de 1975 entregó a Antonio Bussi el mando de un territorio recuperado. Pero Videla dirá el 25 de enero de 1976 que Tucumán estaba totalmente controlada, pero que “la subversión no es solamente una manifestación militar sino que es un problema global” (Cuaderno de Prueba n° 3 aportado por el MPF).

En el contexto descripto compartimos la afirmación de Pucci respecto a que el enemigo a combatir, tipificado como “subversivo”, adquirió la dimensión de un enemigo ubicuo y universal.

Con relación al concepto de “subversión” sostiene Malamud Gotti (“Terror y justicia en la Argentina”, Ediciones La Flor, 2000) que fue una noción extremadamente manipulable vinculada a todos aquellos que se alejaban de los “verdaderos valores” representados en las tradiciones católicas y en el anticomunismo, tal como fueran concebidas en 1966 por Onganía.

Afirma el autor que de los múltiples discursos y de la brutalidad desatada contra intelectuales, artistas, escritores y niños, queda claro que la subversión tenía poco que ver con la violencia y que su definición desbordaba la insurgencia y el terrorismo.

Tal filosofía habría adquirido un nuevo componente que respondía a las particularidades tucumanas: los militares se referían a la intervención en Tucumán como el “Operativo Tucumán” como una segunda versión del operativo iniciado por Onganía en 1966, de lo que podría concluirse que también formaba parte de la doctrina del Ejército la idea de que la denominada subversión se había originado en las “condiciones socioeconómicas” de Tucumán, provocada por el cierre de ingenios (Cfr. Pucci, Ob.Cit).

La idea de vincular el fenómeno guerrillero a la pobreza, habría perseguido un propósito fundamental: la consideración de Tucumán como un hervidero de subversivos, y la identificación de la subversión no sólo con los guerrilleros urbanos y rurales sino también y específicamente, con todo cuestionamiento político y social, acciones de protesta o lucha política o sindical en las fábricas, universidades y escuelas.

Tal característica impedía un lucha convencional, de tal modo que, así como hasta el 9 de febrero de 1975 los delincuentes subversivos eran capturados y llevados ante la justicia federal o puestos a disposición del PEN, a partir de dicha fecha se desarrollaron “técnicas de aniquilamiento” justificadas en una supuesta movilidad de las bandas subversivas y la consideración de que ya se habían infiltrado en el Estado, los gremios, la Iglesia, los partidos políticos, en el Ejército mismo y las universidades. Tales técnicas comprendieron el secuestro, la tortura, el crimen de numerosos ciudadanos en la provincia y la instalación de centros clandestinos de detención. Indica Pucci que del total de tales de secuestros y desapariciones registrados por la Comisión Bicameral en Tucumán durante los años 70 (más de 700) el 40% fueron cometidos antes del 24 de marzo de 1976.

Sobre la justificación de los métodos descriptos, Adel Vilas afirmó en su libro “Diario de Campaña” que “…no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos… a nadie se le escapaba el gobierno paralelo sito en la V Brigada … formalmente en la Casa de Gobierno y realmente era ante mí…hubo que olvidar por un instante –que se prolongó diez meses- las enseñanzas del Código Militar y las leyes de la guerra. Si por respeto a las normas nos hubiésemos abstenido de emplear métodos no convencionales, la tarea… se habría tornado imposible de llevar adelante … los interrogadores … es falso que los hombres quedaran traumatizados … los grupos especiales salían a operar día y noche… soportar castigo físico y sicológico. Tarde o temprano su capacidad se agota, los guerrilleros terminan “quebrándose” … en el Lugar de Reunión de Detenidos… interrogadores del Ejército que yo en forma personal había elegido” (I Parte, Escollo judicial, III Parte Plan Táctico n° 1, citado por Mercado, Ob.Cit.).

De modo tal que, a la luz de los acontecimientos referidos, podemos concluir que el proceso iniciado por Onganía se consumó con el Operativo Independencia y luego se profundizó con el golpe de estado: al año 1983 la provincia de Tucumán ya no sería más la provincia que fue, su industria azucarera había sido arrasada y su sociedad devastada por la persecución y la violencia ejercida desde las FFAA.

Conforme las referencias históricas precedentes, este magistrado se encuentra en condiciones de concluir que:

(i) El plan represivo de las FFAA, se inicia en la dictadura de Onganía sobre un objetivo económico (reconversión económica de fondo asentada en la promoción de sectores más eficientes y dinámicos de la economía particularmente ligados al capital transnacional) y político (combatir el “comunismo”).

Dicho plan produjo desastres políticos y económicos, con la concreción de lesiones irreparables a los derechos civiles y sociales de grandes parcelas de la sociedad tucumana cuyas repercusiones se extienden hasta la fecha, principalmente en los sectores desplazados de su actividad económica habitual relacionada a la industria azucarera, produciendo el ocaso de pueblos enteros vinculados con dicha labor.

Como consecuencia de las políticas económicas iniciadas durante la dictadura de Onganía y continuada hasta fines de la dictadura de 1976, la persecución y desmantelamiento de sectores industriales y productivos calificados de “comunistas”, produjo que miles de tucumanos/as perdieran su vivienda, su tierra, su empleo, la posibilidad de participar en política, los medios de subsistencia, el acceso a la educación de las niñas y los niños, sufrieron la desintegración de la estructura del hogar, la pérdida de las redes sociales y comunitarias, y el incremento de la marginación, entre otros daños.

De hecho, de la prueba obrante en la causa se desprende que, de los 269 casos investigados, alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), un el 15% de víctimas, eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido peronista (alrededor de 40 casos), un 8% de víctimas eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia (alrededor de 20 casos), un 8% de víctimas eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales independientes (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de 5 casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP/PRT (12 casos) o con Montoneros (4 casos).

Por consiguiente, es posible concluir que, del contexto fáctico emergente de la presente investigación, surgiría con claridad que los sectores de población principalmente perseguidos y lesionados durante la vigencia del Operativo Independencia, fueron aquellos vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y con la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos.

(ii) Siguiendo el estudio realizado por Cruz, Jemio, Monteros y Pisani (“Las prácticas sociales genocidas en el Operativo Independencia en Famaillá Febrero de 1975-Marzo de 1976”, GIGET), coincido en que el Operativo Independencia fue un fenómeno complejo, que no puede reducirse a la descripción de “una incursión militar previa a la dictadura”, ya que fue un acontecimiento histórico que condensó procesos de corta, mediana y larga duración, marcando un punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional. Dicha estrategia apuntó a una reestructuración económica, social y política como modo de erradicar las causas de la inestabilidad crónica que signó el período histórico inaugurado con el derrocamiento del peronismo en 1955.

El Operativo independencia no inaugura la represión, sino que modifica su metodología: a) hasta febrero de 1975, por imperio de las leyes claramente inconstitucionales como la ley 20642/74 y la ley 20840/74 se penalizan y agravan las penas por los llamados “delitos subversivos”, produciéndose la detención y puesta a disposición de la justicia federal de numerosas personas sospechadas de actividad “subversiva”; b) desde febrero de 1975 la metodología represiva suma la condición de “clandestina”, sustentándose asa en el secuestro, la tortura, la violación y la desaparición u homicidio de las personas sospechadas de actividades subversivas.

Ambas situaciones califican como ilegales e ilegítimas atento a la arbitrariedad que llevaba implícita en los conceptos de “subversión” y/o “subversivo”: “saboteadores ideológicos”; “los ideólogos, los corruptos, los líderes inauténticos, los irresponsables, los delincuentes económicos y los falsos predicadores”; “agresión sicológica o ultraje al estilo de vida tradicional”; “opositores al despegue económico de la nación”; “ataque o destrucción a los valores eternos de la argentinidad”; “Marx, Freud y Eistein” –considerados por Massera como los principales subvertidores del orden social, de la conciencia y del universo, respectivamente- (definiciones efectuadas por Massera, Mendía y Videla en declaraciones públicas, citadas por Malamud Gotti, Ob.Cit.).

No obstante el segundo período indicado introdujo un agravante en la metodología implementada: la clandestinidad, y con ella la posibilidad de disposición absoluta sobre las personas secuestradas.

(iii) Como consecuencia de la política represiva iniciada durante el gobierno de Onganía, y el aniquilamiento de sectores de la población inaugurado con el Operativo Independencia y profundizado en su crueldad a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, cientos de tucumanos/as fueron eliminados físicamente y perseguidos por su posición política, ideológica, o por su condición social.

Si bien, la lesión de los derechos civiles de titularidad de las víctimas denunciadas en autos habría quedado presuntamente demostrada a través de la prueba incorporada en las causas individuales que conforman la presente megacausa, resulta pertinente a criterio de este magistrado recomendar al Ministerio Público Fiscal amplíe la investigación con relación a la condición social y/o actividades que desarrollaban las víctimas al momento de los hechos (casos de obreros del surco y/o rurales), y a la presunta lesión de los derechos económicos, sociales y culturales en razón de haber sido desplazados de su actividad económica habitual y haber sido perseguidos en razón de la misma, así como las repercusiones de tal situación para la provincia de Tucumán (desarrollo insdustrial y rural), todo ello a la luz de los derechos fundamentales vigentes al momento de los hechos (art. 14 bis de la CN), cláusula de progreso y de bienestar general (art.75 inciso 18 de la CN, ex art. 67 inciso 16) y a las normas emergentes del ius cogens (art. 118 ex art. 102 de la CN).

 

3.2. Marco regulatorio militar del Operativo Independencia y en la denominada “Lucha contra la subversión”. Centros Clandestinos de Detención.

Con respecto al análisis de la normativa militar que rigió durante el Operativo Independencia, así como la regulación de la denominada “Lucha contra la subversión” y la determinación de los centros clandestinos de detención que habrían funcionado durante el período investigados, me remito a la descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el apartado II (Contexto Histórico) puntos 2, 3 y 4 de la ampliación del requerimiento de instrucción de fecha 20 de diciembre de 2011, considerando que tales extremos se encuentran suficientemente demostrados con la prueba documental aportada por dicho Ministerio.

(Página 283)

4. CONTEXTO JURIDICO: Estado de Sitio.
4.1. Estado de Sitio en la Doctrina militar.

Enrique Del Pino y Jorge Rafael Videla al momento de efectuar manifestaciones en la presente causa, hicieron referencia a que el accionar de las fuerzas armadas en los hechos investigados habría estado amparado en la vigencia del estado de sitio, situación que traería aparejada la “supresión de garantías constitucionales” por decisión del gobierno constitucional vigente al año 1974.

Tal afirmación sólo puede comprenderse en su real dimensión desde la doctrina militar y en particular desde la doctrina militar contrainsurgente.

Gabriel Périès (“La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad” en “Terrorismo de Estado y Genocidio en Argentina”, Daniel Feierstein Compilador, 2009), afirma que las doctrinas militares contrainsurgentes, tanto argentinas como francesas gestadas durante la guerra fría, representan figuras específicas de excepcionalidad representadas por la expresión jurídica de poder de facto, que no solo expresaban una autonomización de la autoridad militar en sus relaciones con el poder político-civil en crisis, sino también la asunción del rol de intérprete y reformador de las pautas jurídicas que fijan la realidad normativa de la violencia de Estado, apareciendo de este modo “el militar” como una fuente indirecta del derecho de la excepcionalidad.

Luego de analizar la doctrina del estado de sitio de facto en el espacio doctrinario francés (Escuela Superior de Guerra de París) y su influencia clara en la interpretación de los textos constitutivos del Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) en Argentina, Périès plantea la existencia de un sistema normativo clandestino de guerra antisubversiva que se implementa a partir de 1972 en la Argentina y que va a institucionalizar una verdadera normatividad paralela relativa al accionar militar y que hasta 1983 va a estructurar el poder de facto.

Y para analizar la normatividad específica de un sistema de facto desde la doctrina militar, el autor analiza la obra del Teniente Coronel Horacio Domínguez, Auditor de la Escuela Superior de Guerra Argentina (ESGA), jurista y redactor de un tratado de derecho denominado “La Nueva Guerra y el Nuevo derecho. Ensayo para la estrategia jurídica contra subversiva” (Tomo I y II, Círculo Militar, Buenos Aires 1980).

Dicho autor, fundamentando sus reflexiones en el binomio libertad-seguridad, refiere a las diferentes posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia argentina en la definición y justificación del estado de sitio, para luego concluir que ninguna de tales interpretaciones consideraba el “fenómeno actual revolucionario marxista”, y sostiene que “lo inédito de la situación actual frente al fenómeno de la delincuencia subversiva nos impone otras pautas de valoración y análisis no ya en el plano exclusivamente político jurídico como en el supuesto de la clara conmoción interior, sino de estrategia político-militar”.

Entre la presentación de fuentes jurídicas, de la jurisprudencia y de la doctrina, el autor posiciona como fuente del derecho a la Institución militar y a sus preceptos estratégicos, y al legitimar la integración jurídica de pautas doctrinales militares descarta la aplicación de criterios de razonabilidad de las medidas del estado de sitio.

De tal modo, la justicia se pone en función de las circunstancias “a las órdenes” del poder político-militar, afirmando que el control judicial de los criterios de razonabilidad debe ser “razonable” en el sentido de ser ejercido “con plena conciencia doctrinaria y responsabilidad personal en orden a las características de la guerra en curso”.

Si bien el autor admite que el ordenamiento argentino no acepta la ley marcial, afirma que “rige la necesidad de captarla convenientemente a nivel de la guerra moderna, para normar su mérito y fundamento como técnica operativa de la defensa nacional”.

Según Périès, el supuesto vacío jurídico planteado por Domínguez al justificar el estado de sitio de hecho y la aplicación de la ley marcial por necesidades de defensa nacional, en realidad no existía, en tanto se encontraba vigente la ley 13.234 elaborada por el presidente Perón en el año 1948, que regulaba “la organización de la Nación en tiempo de guerra” y que disponía un dispositivo específico para regir el “estado de guerra interno” que desencadenaba la intervención de las FFAA en determinadas zonas o sobre el conjunto del territorio para (i) la evaluación de las circunstancias, o riesgo de guerra inminentes; (ii) favorecer la adopción de medidas preventivas durante tiempo de paz por motivos de “defensa nacional”.

Dicha ley establecía en su artículo 15 que, en caso de guerra interna, la autoridad militar ejerce la “la autoridad total” tanto en el campo militar como en el civil o administrativo, agregando además que “los comandantes que ejercen la autoridad tienen competencia para implantar la ley marcial en sus respectivas zonas de operativas, dictando para ello los decretos y disposiciones con fuerza de ley que impongan los imperativos de guerra. En virtud de lo expuesto, estos comandantes ejercen su total autoridad sobre aquellas autoridades civiles que deseen mantenerse en sus funciones. Los magistrados que ejerzan funciones de justicia y que sean designados y confirmados en sus cargos por autoridad militar, mantendrán la independencia de sus actos y la plenitud de sus atribuciones oficiales.”

La situación descripta precedentemente, tanto por el Teniente Domínguez en su Tratado, como por la Ley 13.234, es puesta en práctica en Tucumán durante la vigencia del Operativo Independencia, contra las guerrillas del ERP-PRT.

Por consiguiente, de lo hasta aquí expresado podemos concluir que durante los años 1974/1976 la provincia de Tucumán fue el escenario donde se puso en práctica la doctrina jurídico militar gestada en la Escuela de Guerra de París, a través de la implementación de un estado de excepción que supuso la se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desempoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Consecuentemente, nos encontramos en condiciones de concluir que el accionar de las FFAA durante el Operativo Independencia no habría estado justificado en el estado de sitio desde su interpretación constitucional (estado de sitio de derecho), sino en un estado de excepción (estado de sitio de hecho) interpretado de manera autónoma por las FFAA, a la luz de las directivas emergentes de las doctrinas militares contrainsurgentes elaboradas por la Escuela Superior de Guerra de París entre los años 1956/1957, y dirigido no a lograr la paz, sino a exterminar el “enemigo comunista”, habilitando a tal fin no sólo la supresión de los derechos y garantías constitucionales, sino inclusive la aplicación de la ley marcial.

 

4.2. Gobiernos constitucionales 1974/1976: Situación de María Estela Martínez de Perón.

El Ministerio Público Fiscal al formular su ampliación de requerimiento de instrucción de fecha 20 de diciembre de 2011, en el apartado referido al contexto histórico describe el Operativo Independencia como una intervención masiva de las Fueras Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal con aquiescencia del gobierno civil en Tucumán.

Si bien el Ministerio Público Fiscal afirma la presunta vinculación o aquiescencia del gobierno civil provincial (Juri) y nacional (Martínez de Perón) con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el Operativo Independencia, e inclusive formula imputación contra la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, tal posición no se mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición.

Ello por cuanto: (i) el MPF sitúa el inicio del Operativo Independencia en el año 1966 con el gobierno de Onganía y con el dictado de la ley 16.970 de Seguridad Nacional, de lo que se desprende que el MPF considera que el plan de las FFAA fue previo al gobierno constitucional de 1974; (ii) el MPF utiliza en numerosas oportunidades el concepto de “autonomía” de las FFAA respecto de las autoridades civiles, lo que no se concilia con la idea de “aquiescencia” del gobierno civil; (iii) el MPF efectúa una distinción entre las órdenes presidenciales dirigidas a combatir el accionar subversivo, y la implementación de dicha orden por las FFAA dirigida a aniquilar a las organizaciones subversivas, para luego afirmar la existencia de un mando fáctico ejercido por las FFAA a través del III Cuerpo del Ejército y la V Brigada de Infantería en la provincia de Tucumán.

Tales discordancias presentan la imputación efectuada a la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón como débil y confusa, en tanto si el MPF considera que durante el Operativo Independencia las FFAA actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época: las acusaciones no podrían acotarse a la figura de la presidenta, debiendo también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil cuyo accionar estaría comprometido con la comisión –o con la no evitación- de los hechos delictivos investigados en autos.

A la luz de la prueba substanciada a la fecha, este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir “el enemigo subversivo marxista”.

Dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega.

La hipótesis precedente se encuentra respaldada en propias declaraciones de militares involucrados directamente con el Operativo Independencia.

Así Adel Vilas describe desde el plano metodológico la substitución de facto de los poderes políticos y sociales: “Mi intención de allí en más, fue la de suplantar, aun utilizando métodos que estuvieran vedados, a la autoridad política de la provincia de Tucumán, tratando de superar, aunando esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias. Si bien mi tarea no era reemplazar a las autoridades, pronto me di cuenta que, de atenerme al reglamento manteniéndome en el mismo plano que el gobernador, el operativo concluiría en un desastre. La naturaleza de la guerra subversiva que abarcaba a todos los sectores de la sociedad, exigía un mando único y coherente, posibilidad que era remota dada la diferente formación y opuesto criterio de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos … Si yo me limitaba a ordenar, entrenar y comandar mis tropas, descuidando esferas que en el papel no me correspondía atender (…) -la esfera gremial, empresaria, universitaria, social, etc.- el enemigo seguiría teniendo los santuarios de que disponía hasta el momento. Limitarse a la resolución de los problemas estrictamente castrenses, sin aspirar, siquiera en forma indirecta a resolver materias críticas que no se hallasen estrechamente vinculadas a la esfera militar hubiese constituido un sinsentido, ya que, a los efectos de establecer y asegurar la continuidad y permanencia en los planos ejecutivos del “Operativo Independencia” se hacía imprescindible invadir campos de acción reservada al gobierno provincial (…)”(“Diario de Campaña. Tucumán Enero a diciembre de 1975”, página 11, citado por Périès, Ob. Cit.).

Inclusive respecto a la asistencia social que enviara el Ministerio de Bienestar Social – administrado por el jefe de la Triple A Lopez Rega- con el objeto de lograr apoyo social para el Operativo, Adel Vilas declara que “al Ministerio se le hacían conocer las necesidades y, de acuerdo a estas, la V Brigada y no Bienestar Social, repartía alimientos, útiles escolares, frazadas, y otros artículos en la zona de operaciones (…) sabiendo que la imagen del Ejército y el éxito de las armas nacionales estaba de por medio, en ningún momento y bajo ningún aspecto, permití que la propaganda política del peronismo aprovechase la pobreza tucumana para ganar votos o especular con los bienes que se entregaban en forma gratuita” (Citado por Artese y Roffanelli “Responsabilidad civil y genocidio”, Instituto de Investigaciones Gino Germani).

En igual sentido, cabe referir a una declaración del mayor Ernesto Barreiro -quien fuera identificado como uno de los responsables del centro clandestino de detención La Perla- quien afirmó que “La lucha antisubversiva pudo haberse librado perfectamente con un gobierno constitucional… La actitud que no asumió el gobierno de María Estela Martinez de Perón fue la que causó el golpe y la consecuente guerra contra la subversión. Pero lo hicieron irresponsablemente, todo lo que se hizo fuera del contexto legal se pudo haber hecho por derecha” (García P. “El drama de la autonomía Militar. Argentina bajo las Juntas Militares”, Madrid 1995; citado por Artese-Roffinelli en “Responsabilidad Civil y Genocidio”).

De las declaraciones referidas, y valorando la prueba producida en la causa a la fecha, este magistrado concluye, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que las FFAA en la ejecución del plan criminal ideado ya a fines de la década del 60 y desarrollado con mayor intensidad durante el denominado “Operativo Independencia”, no habrían contado con la “aquiescencia” del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar, por lo que corresponde no hacer lugar al pedido de citación indagatoria de María Estela Martínez de Perón.

 

4.3. Conclusiones:

4.3.1. Límites constitucionales al Estado de Sitio: amplio control de razonabilidad por el Poder Judicial.

En el Informe del Relator Especial Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción, se pone en relevancia que durante el siglo XX se produjeron dos grandes conquistas: (i) el reconocimiento de la dimensión internacional de los derechos humanos, y (ii) la emergencia del individuo como sujeto de derecho internacional, las cuales introdujeron una dimensión ética a las relaciones jurídicas internacionales.

Sin embargo, en el momento mismo en que estos logros normativos entraban en vigor, el mundo se veía contaminado por una suerte de epidemia institucional de estados de excepción que, como una enfermedad contagiosa, estaban gangrenando los cimientos democráticos de muchas sociedades, se preconizaban y propagaban en países de casi todos los continentes del mundo, en particular a partir de la década de los setenta.

En muchos casos, los estados de excepción se habían transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía “legalizar” los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades. En efecto, sostiene, casi ninguno de los regímenes dictatoriales de la época resistió a la tentación de pretender justificar su irrupción o mantenimiento en el poder, como su accionar represivo concreto.

Indica también que, muchísimos gobiernos se sirvieron de los estados de excepción para combatir su propia disidencia interna, de modo tal que, quienes disentían con un gobierno no eran tratados como legítimos opositores sino como enemigos internos, agentes del enemigo internacional, y por lo tanto, factores de riesgo e inseguridad para la nación.

Y la versión más perversa de esta concepción del Estado y del ejercicio del poder fue precisamente la llamada “doctrina de seguridad nacional” que, en algunas regiones sirvió de fundamento político e ideológico a las más crueles y aberrantes dictaduras de las décadas pasadas.

Surge de tales experiencias que, en todos los casos, la proclamación del estado de excepción, o la aplicación lisa y llana de medidas de esta naturaleza, fue el instrumento jurídico de que se sirvieron muchos dictadores para suprimir los derechos humanos de la mayoría de la población y aniquilar toda forma de oposición política. A su vez, la llamada “doctrina de seguridad nacional” y sus variantes (condenada más tarde por la Comisión de Derechos Humanos en tanto doctrina contraria a los derechos humanos) fue en realidad el arsenal ideológico que pretendió dar legitimidad a este tipo de comportamiento.

En tales contextos uno de los principales argumentos sobre los que se negaba la protección de los derechos fundamentales en estados de excepción fue el argumento falaz y perverso de decir, en lo interno, que el país vivía en un estado de guerra, “sucia”, no convencional, que obligaba a las autoridades a suspender el ejercicio de los derechos humanos y sostener, en el orden internacional, que los convenios del derecho internacional humanitario no eran aplicables por no tratarse de un conflicto armado internacional, y menos aun de una guerra declarada.

Sostiene el relator que se configuraba así una suerte de “no man’s land” (tierra de nadie) jurídico en el que todo estaba permitido, incluso los comportamientos más crueles y aberrantes y las violaciones más graves de los derechos humanos (Cfr. E/CN.4/Sub.2/1997/19, 23 de junio de 1997, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 49o período de sesiones).

La situación descripta en el informe referido coincidiría de manera clara con lo sucedido en nuestro país desde el año 1974: el Ejército Argentino interpretó el estado de sitio como un estado de excepción con la suspensión absoluta del ejercicio de los derechos humanos, ello en clara contradicción con el sentido y los límites constitucionales vigentes sobre el estado de sitio.

Desde la doctrina constitucional, la declaración de estado de sitio por conmoción interior hace referencia al desorden interno grave, la rebelión interna que en la doctrina norteamericana se denomina “violencia doméstica”. Se sostiene que, la equiparación efectuada por los constituyentes de la conmoción interior con el ataque exterior, significa que la conmoción debe tener gravedad extrema semejante a la que reviste la invasión del territorio nacional por fuerzas armadas enemigas (Sánchez Viamonte, citado por Ziulu Adolfo, Análisis art. 23 de la C.N, en “Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias Análisis Doctrinal y Jurisprudencial” Tomo 1, pp. 966 y ss.).

En cuanto a sus efectos, el art. 23 de la C.N. establece dos consecuencias básicas: la suspensión de las garantías constitucionales y el acrecentamiento de las atribuciones del presidente de la República quien podrá arrestar o trasladar a las personas desde un punto a otro del país, pero no aplicar penas.

Con relación a la suspensión de garantías, la doctrina ha sido concordante en sostener que la declaración del estado de sitio no suspende la vigencia de derechos y garantías que atañen a la dignidad humana (prohibición de la esclavitud, libertad de conciencia, defensa en juicio, derecho a la vida, etc) ni la vigencia de la Constitución ni del sistema republicano y representativo de gobierno, ni del federalismo (Sanchez Viamonte).

Si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo diferentes etapas en lo que refiere a la valoración de los efectos del estado de sitio, en los años 70/80 el Supremo Tribunal había adoptado ya la doctrina finalista conforme la cual sólo pueden ser suspendidos los derechos y las garantías que tienen vinculación con el motivo que originó la declaración del estado de sitio, siendo el hito inicial relevante en esta etapa el caso “Sofía Antonio y Baquero Fulvio” de 1959 (Sanchez Viamonte).

En la causa referida la Corte Suprema se expidió sobre la justiciabilidad de las medidas adoptadas en el Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio, afirmando que el control judicial de los actos del Poder Ejecutivo procedería sólo en los siguientes supuestos: “(i) tratándose de la facultad de arrestar o trasladar personas de un punto a otro de la Nación, si mediara transgresión franca y ostensible de los límites trazados por la Ley Fundamental (…); (ii) respecto de la generalidad de las medidas de ejecución del estado de sitio, cuando ellas sean clara y manifiestamente irrazonables, es decir, cuando impliquen medios que no guarden relación alguna con los fines del art. 23” (C.S. Sofía Antonio y otro, 22/05/1959, Fallos 243:504 La Ley 97-533, Citado por Sabsay “Tratado Jurisprudencia y Doctrinario. Derecho Constitucional Parte Dogmática, La Ley, Tomo 1, Cap. XVIII, pp. 516).

De lo expuesto cabe concluir que conforme la normativa, las opiniones doctrinarias y la jurisprudencia emitida por nuestro Supremo Tribunal, al correr el año 1975 no existía ninguna posibilidad de considerar, razonablemente, que la suspensión de todas las garantías constitucionales y/o la violación de derechos constitucionales sea un efecto legítimo del estado de sitio, ni tampoco que aquellos actos que excedían los límites impuestos por la Constitución al estado de sitio, estuvieran exentos de revisión y/o control judicial.

El estado de sitio es un instituto de carácter excepcional establecido por la Constitución (art. 23) para permitir la defensa de las instituciones democráticas frente a situaciones inusitadas o transitorias de carácter político.

La finalidad de la declaración de estado de sitio es el restablecimiento o la protección del orden constitucional alterado. En tal sentido hacemos nuestra las palabras de la Corte Suprema cuando afirma que “el objetivo primordial del estado de sitio es la defensa de la Constitución y de las autoridades federales que ella crea. El estado de sitio lejos de suspender el imperio de la Constitución se declara para defenderla y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos les sirve de escudo contra conmociones interiores o ataques exteriores. Toda medida que directa o indirectamente afecte la existencia de los poderes públicos adoptada en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, sería contraria a la esencia misma de aquella institución y violaría los propósitos con que la ha creado el art. 23 de la Constitución. La suspensión de garantías sólo tiene lugar respecto a las personas y a las cosas y no de las autoridades creadas por la Constitución.” (Fallos 54:432, CSJN 1893 “Doctor Leandro Alem y Dr. Mariano Candiotti”, citado por Ziulu Adolfo, “Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis Doctrinal y jurisprudencial” Sabsay y Manili, Tomo 1 Análisis del art. 23; citado por Sabsay “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Constitucional Parte Dogmática, Tomo I, Capítulo XVIII).

4.3.2. Ámbito de la jurisdicción militar durante la vigencia del Estado de Sitio.

A partir de lo expresado sólo queda por analizar cuál era el ámbito de jurisdicción militar durante la vigencia del estado de sitio, y si el accionar de la institución militar se encontraba exenta de la autoridad de los magistrados.

Conforme dicho propósito, corresponde comenzar aclarando que hay delitos de jurisdicción militar que son delitos militares y otros que son delitos comunes.

Conforme el art. 508 del Código de Justicia Militar (en adelante C.J.M.) vigente a la fecha de los hechos, “Constituye delito militar toda violación de los deberes militares que tenga señalada una pena en este Código y demás leyes militares que no se encuentre comprendida entre las faltas de disciplina y además, todo hecho penado por los bandos que las autoridades militares facultadas al efecto dicten, en tiempo de guerra”.

El artículo citado hace una clara distinción entre delitos propios –aquellos que comenten militares- y delitos del común -los que estando tipificados en bandos militares, en situaciones especialísimas pueden se cometidos por civiles-.

Los delitos militares propios son aquellos que únicamente puede cometer un militar puesto que constituyen una infracción a los deberes militares, que como es natural, únicamente incumben a quien tiene calidad de militar (Zaffaroni y Cavallero, “Derecho Penal Militar, Lineamientos de la Parte General”, 1980, Ariel, Parte Primera, Capítulo I).

Los delitos militares tienen las siguientes características: (i) deben afectar un bien jurídico militar, aunque la lesión jurídica no se reduzca a tales bienes; (ii) pueden cometerse en tiempo de paz o de guerra, siendo más graves si se cometen en tiempo de guerra; (iii) existen delitos militares de excepción, que son establecidos por bandos militares –no por ley- y pueden ser cometidos por militares y por civiles; la particularidad de estos delitos es que los deberes militares que ordinariamente sólo incumben a militares, en situaciones extremas y excepcionales (guerra o conmoción interior) pueden recaer en civiles, quienes tendrían obligación de cumplir con tales deberes (Zaffaroni y Cavallero , cit.).

Al tenor de lo expresado, cabe concluir que en el derecho penal militar argentino vigente al momento de los hechos que se investigan en autos deben distinguirse los siguientes delitos: (i) delitos tipificados en el Código penal o en leyes especiales, cometidos por militares en los casos del art. 108 del C.J.M. –tiempo de guerra-: son de jurisdicción militar; (ii) delitos tipificados por el C.J.M. y cometidos por civiles: sometidos a jurisdicción militar sólo en tiempo de guerra; (iii) delitos tipificados en el CP y en las leyes especiales cometidos por empleados y operarios no asimilados – prisioneros de guerra, personas que acompañan a las fuerzas militares o habitantes de las zonas ocupadas del territorio enemigo- sometidos a jurisdicción militar sólo en tiempo de guerra; (iv) delitos militares –infracción de deberes militares-: jurisdicción militar en tiempo de paz y de guerra (Zaffaroni y Cavallero).

Habiendo dejado claro cuál es el ámbito específico de la de jurisdicción militar corresponde efectuar en dicho marco dos análisis: (i) si la conmoción interior existente a la fecha de los hechos encuadraba en el concepto de “guerra”; (ii) si las jurisdicción militar así delimitada habilita, y en que supuestos, dar muerte a quien presuntamente comete un delito.

(i) Inexistencia de una situación de “guerra”.

Como ha sostenido este magistrado en otros pronunciamientos, la legitimidad del accionar militar de las fuerzas armadas argentinas en una guerra “no convencional o revolucionaria” -principal argumento de las defensas de los ex comandantes para justificar desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones-, fue refutado por la sentencia de la Cámara Federal en el histórico Juicio a las Juntas (causa 13/84).

En el fallo se dijo que: “No se ha encontrado (…) ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, exculpe a los autores de hechos como los que son la materia de este juicio. (…) Los hechos que se han juzgado son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos” (Citado en el Panel de Juristas Eminentes de la Comisión Internacional de Juristas: “Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”; Intervención de Rodolfo Mattarollo, Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. República Argentina, 31 de octubre de 2006; www.derhuman.jus.gov.ar ).

Al respecto y en consonancia con lo expresado en los párrafos anteriores, corresponde afirmar que durante la etapa comprendida entre los años 1975 y 1983 la situación existente en nuestro país no puede calificarse como “guerra interna, subversiva o revolucionaria”, en tanto dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. (Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra).

Las condiciones mencionadas no fueron acreditadas hasta la fecha en ninguna causa en trámite ante este Juzgado. No obstante para el supuesto de que concurriera dicha hipótesis el accionar de las Fuerzas Armadas debió haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados, y que fueran ratificados por nuestro país con fecha 18 de setiembre de 1956.

Los Convenios de Ginebra (I, II, III, IV) contemplan en su art. 3, disposiciones básicas aplicables a todo conflicto armado, sea éste de carácter internacional o interno: “…Se prohíben “en cualquier tiempo y lugar”: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.”.

(ii) Supuestos excepcionalísimos en los que la jurisdicción militar habilita dar muerte a infractores en el acto.

a) El Código de Justicia Militar autoriza a dar muerte a infractores en el acto sólo en dos casos previstos en el art. 137 y 759 de dicho cuerpo legal.

El art. 137 afirma que “Cuando los bandos impongan la pena de muerte con el fin de reprimir el saqueo, violación, incendio u otros estragos, se podrá hacer uso de las armas en caso de que el culpable sea sorprendido in fraganti y que no se entregue a la primera intimación o haga armas contra la autoridad”.

El caso aludido por la norma referiría a dos supuestos de legítima defensa: propia y de terceros (art. 34 inc. 6 y 7 del CP).

Paralelamente el art. 759 establece que: “El militar que en combate o en presencia del enemigo vuelva la espalda y huya o haga tales demostraciones de pánico que ponga a las tropas en peligro inminente de contagio, podrá ser muerto en el mismo instante, para castigo de su cobardía y ejemplo de los demás…”.

Es una norma penal militar que consagra la obligación jurídica de exponer la vida y la salud, habilitando a que, durante un combate, pueda darse muerte al militar que haga demostraciones de pánico o comportamiento cobarde con entidad tal de contagiar miedo insoportable al grupo (Igounet (h) e Igounet, Código de Justicia Militar Comentado, Librería del Jurista, 1985).

La norma requiere que haya una guerra y la conducta del infractor puede consistir tanto en huir como en hacer “tales demostraciones de pánico que ponga a las tropas en peligro inminente de contagio” de manera que se trata de una conducta disgregadora del grupo, en el momento en que el peligro alcanza su máximo grado de actualidad (Zaffaroni y Cavallero, Ob. Cit.).

b) También existen supuestos en el C.J.M. donde se establece como única consecuencia del delito la muerte del autor.

En general, sostiene Zaffaroni y Cavallero, que se trata de supuestos que dan lugar a una necesidad terribilísima en tiempo de guerra y frente al enemigo extranjero en los que efectivamente sería muy difícil que la conducta típica, antijurídica y culpable del autor no ponga en peligro la existencia del grupo por no afectar, mediante mecanismo sicológico, la ligazón emocional de identificación con el grupo humano. Los supuestos contemplados son los previstos en los art. 621, 626, 627, 643 inc. 1, 792, 724 inc. 1, y cualquiera de los casos del art. 759 todos del C.J.M.

Para Zaffaroni y Cavallero sólo hay un caso en el que la muerte del autor se halla prevista como única consecuencia del delito que no resulta explicable a luz de ninguna inculpabilidad o justificación, y es el supuesto de los prisioneros de guerra que sean actores principales de sublevación o motín (art. 869 inc. 1). En este caso afirman los autores que en caso de que la muerte del prisionero no se justifique por legítima defensa, como medio necesario para reprimir el motín o la sublevación, o para salvar la vida del propio personal militar o de bienes atacados por los amotinados o sublevados, la muerte del prisionero de guerra, aunque fuere el actor principal del hecho, sería un homicidio.

c) Finalmente el C.J.M. también regula casos -más de cuarenta- en donde prevé una o más penas o la muerte del delincuente como consecuencias alternativas del delito militar. En la mayoría de tales casos se regulan supuestos que tienen lugar en tiempo de guerra y frente al enemigo (arts. 632, 638, 656, 662, 663, 667, 670, 671, 677, 678, 706, 771, 731 inc. 1, 732 inc. 1, 733 inc. 1 y 735, 734, 747, 748, 750, 749, 759 inc. 2, 762, 773, 775, 797 inc. 3, 800 inc. 1, 808, 809, 819, 824, 839 inc. 1, 845 y 846 todos del C.J.M.).

En todos estos casos puede suceder también que, dadas las circunstancias concretas, la marcha general de la guerra, la magnitud de la alarma, etc., la supresión física del delincuente no se imponga como una necesidad para la supervivencia del grupo ni para la obtención de sus fines. En tal caso, en modo alguno podría afirmarse que el inciso 2 del art. 34 amparase el homicidio en la persona del infractor, porque ningún mal inminente o grave estaría amenazando a los integrantes del grupo: en este supuesto la muerte del infractor configuraría un delito, dado que bastaría con que se le impusiera un castigo menor (Zaffaroni y Caballero, Ob. Cit.).

 

4.3.3. Delitos comunes cometidos en el contexto de un crimen internacional.

Analizando la presente causa a la luz de los conceptos vertidos, corresponde observar que en la misma se investigan hechos delictivos ocurridos durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán, tipificados en nuestro ordenamiento interno como delitos comunes (violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio agravado, asociación ilícita) que fueron perpetrados en el contexto de un ataque sistemático puesto en marcha contra la población civil, desde quienes detentaban de facto el poder del Estado, por lo que corresponde calificar tales hechos dentro del género de “crímenes contra la humanidad”.

Acorde a la perspectiva expuesta y considerando la tipificación de los delitos investigados como crímenes internacionales, cabe afirmar a su respecto que los mismos, conforme normas y principios del derecho internacional consuetudinario (ius cogens) vigentes en nuestro ordenamiento jurídico por expreso mandato de la Constitución Nacional, desde el año 1853 (ex art.. 102 y actual art.118)- no son pasibles de prescripción, amnistías, indultos e imponen límites a la cosa juzgada: Fallos “Urteaga” (Fallo 321:2767), “Hagelin” (Fallo 326:3268), “Videla” (Fallo 326:2805), “Arancibia Clavel” (Fallo 327:3312), “Simón Julio” (Fallo 328:2056), “Derecho Rene” (Fallo 330:3074), “Mazzeo” (Fallo 330:3248).-

(Página 439)

RESUELVE:

I. DECLARAR que durante el “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

II.- DECLARAR que los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio
cometidos en el marco del Operativo Independencia, se habrían perpetrado en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra una parte substancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas, y grupos de personas involucradas con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como “enemigos” del plan económico y político que definía la “nueva argentinidad” (cfr. Apartado 7.9), por lo que se considera configurado el contexto del delito internacional de GENOCIDIO (conforme normativa internacional vigente al momento de los hechos:
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); Resolución n° 3 y n° 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Principios aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas (1950);Resolución 1074 D (28/7/65) y 1158 XLI (5/8/66) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; Resoluciones 2338, 2391 y 2583 del año 1969 de la Asamblea General de las  Naciones Unidas; Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de 1968; Principios de cooperación internacional en la identificación, extradición y castigo de culpables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad de 1973; Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio de 1948; Convenios de Ginebra I, II, III y IV de 1949; la Convención
de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969).

III. DECLARAR que las mujeres detenidas clandestinas durante el Operativo Independencia habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer (art. 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará), correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica.-

(…)

VII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Rafael Videla, argentino, DNI No 4.765.426 por considerarlo presunto autor material del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP) y como autor mediato en la comisión de los delitos que se describen a continuación:  privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones(art. 144 bis inc. 1 y 2 CP, conf. ley 14.616) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13)(…); torturas agravadas(art. 144 ter párr. 1 y 2 CP conf. ley 14.616) en perjuicio de(…)Pedro Antonio Medina (caso 13)(…); homicidio triplemente agravado(art. 80 inc. 2,6 y 7 del CP) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13)(…).

VIII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de Carlos César Idelfonso Delia Larocca, argentino, DNI n° 2.000.291 por considerarlo presunto autor material del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP) y como presunto autor mediato en la comisión de los delitos que se describen a continuación: privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inc. 1 y 2 CP, conf. ley 14.616) en perjuicio de (…) Pedro Antonio Medina (caso 13);  torturas agravadas (art. 144 ter párr. 1 y 2 CP conf. ley
14.616)  en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13)(…);  homicidio triplemente agravado (art. 80 inc. 2,6 y 7 del CP)(…)Pedro Antonio Medina (caso 13)(…)

X. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Omar Lazarte, argentino, DNI 4.449.071 por considerarlo presunto autor material del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP) y como presunto autor mediato en la comisión de los delitos que se describen a continuación: privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inc. 1 y 2 CP, conf. ley 14.616) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13) (…); torturas agravadas (art. 144 ter párr. 1 y 2 CP conf. ley 14.616) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13) (…); homicidio triplemente agravado (art. 80 inc. 2,6 y 7 del CP) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13) (…)

XII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de Roberto Heriberto Albornoz, argentino, L.E. No 4.073.811, por considerarlo presunto autor material de los delitos que se detallan a continuación: (…) (xxviii) asociación ilícita agravada, todos en concurso real; y por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos que se describen a continuación: privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inc. 1 y 2 CP, conf. ley 14.616) en perjuicio de (…) Pedro Antonio Medina (caso 13)(…); torturas agravadas (art. 144 ter párr. 1 y 2 CP conf. ley 14.616) en perjuicio de (…) Pedro Antonio Medina (caso 13) (…);  homicidio triplemente agravado (art. 80 inc. 2,6 y 7 del CP) en perjuicio de (…) Pedro Antonio Medina (caso 13) (…)

XVII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de Luis Armando De Cándido, argentino, LE n° 6.384.062 por considerarlo presunto autor material de los
delitos de: : (iv) del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP); y como presunto partícipe necesario en la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inc. 1 y 2 CP, conf. ley 14.616) en perjuicio de (…) Pedro Antonio Medina (caso 13)(…); torturas agravadas (art. 144 ter párr. 1 y 2 CP conf. ley 14.616) en perjuicio de (…)Pedro Antonio Medina (caso 13) (…)

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