Ana María Sosa de Reynaga

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Fuente Foto: Partido Comunista Revolucionario
(www.pcr.com.ar)

Ana María Sosa de Reynaga

Estudiante universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora en Ciencias de la Educación.

Era profesora en la Escuela Normal de Tucumán.

Fue secuestrada el 8 de agosto de 1976.

Estaba casada con el Dr. Carlos Alberto Reynaga, y tenía 3 hijos.

Era militante del Partido Comunista Revolucioonario.

El 10 de julio de 2016 informaron a su familia que identificaron sus restos en el Pozo de Vargas, Tucumán.

El 19 de marzo de 2014 a las 12:00 tuvo lugar la audiencia para efectuar la lectura íntegra de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2014 por los Señores Jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Ana María Sosa de Reynaga es una de las 215 víctimas dentro de esta megacausa.

Los juicios reescriben nuestra historia, compartimos la sentencia de la CAUSA: “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. A – 36/12, J – 18/12 y 145/09)”, Expte.: A – 81/12, destacamos puntos que consideramos importantes y los relacionados con Alicia Raquel.

Click aquí para descargar la sentencia completa de la megacausa. 10MB PDF

¡MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA!

(Página 1580)
Hechos que perjudicaron a Ana María Sosa de Reynaga (Caso 35) y Ángel Vicente Manfredi (Caso 36). Causa: “Bussi, Menéndez y otros s/privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y otros delitos e.p. de Ana María Sosa de Reynaga y de Ángel Vicente Manfredi” Expte. nº 1.123/5 acumulado Expte. nº 1.124/5.-

Ana María Sosa de Reynaga, a la fecha de los hechos tenía treinta años, se domiciliaba en calle Italia nº 2.920 de San Miguel de Tucumán, era profesora en ciencias de la educación y trabajaba en la Escuela Normal Juan B. Alberdi de Tucumán. Militaba en el Partido Comunista. Estaba casada con el Dr. Carlos Alberto Reynaga, médico, y tenía tres hijos.-

Ángel Vicente Manfredi, a la fecha de los hechos tenía treinta y cuatro años se domiciliaba en calle Evaristo Carriego nº 1.050 (Bº Sarmiento) de San Miguel de Tucumán, era técnico ferroviario de los talleres de Tafí Viejo y estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Militaba en el Partido Comunista.-

Quedó acreditado que el día 8 de agosto de 1976 Ana María Sosa de Reynaga y Ángel Vicente Manfredi se encontraban en el Ingenio Concepción festejando con gente del lugar el día del niño y llegó una camioneta del ingenio con militares y los secuestraron.-

Fueron llevados a Jefatura de Policía donde permanecieron detenidos, para ser luego trasladados al centro clandestino de detención que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Quedó probado fehacientemente que Ana María Sosa de Reynaga estuvo detenida en el Arsenal porque la víctima Diana Fabio pudo hablar con ella durante su detención, intercambiaron algunas palabras, Ana María se identificó y le pidió a Fabio que cuidara de sus hijos. Reafirma el hecho de que Sosa de Reynaga estuvo secuestrada en el Arsenal la circunstancia de que la testigo Nora Alicia del Valle Cajal relató que durante su cautiverio vio a una mujer a la que le faltaban dos pechos y al momento del secuestro de Sosa a la víctima le faltaban los dos pechos. Asimismo la testigo María Cristina Román de Fiad relató en la audiencia que pudo hablar con la víctima Sosa de Reynaga durante su cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, que era una mujer muy bondadosa y que la habían golpeado no obstante estar operada por un cáncer que padecía. Los testigos Carlos Alberto Reynaga, esposo al momento de los hechos de Ana María Sosa, y Diego Andrés Reynaga (hijo de Sosa) relataron las circunstancias en las que tomaron conocimiento del secuestro de la víctima y los trámites que hicieron para dar con su paradero.-

Respecto a Angel Vicente Manfredi, las testigos Nora Cajal, María Cristina Rodríguez Román de Fiad, declararon que compartieron cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga con la víctima y que había sido secuestrado con Ana María Sosa de Reynaga. Asimismo su esposa Lola del Valle Farhat de Manfredi relató que su esposo era trabajador ferroviario y las circunstancias en las que tuvo conocimiento del secuestro de su esposo el día 8 de agosto en el ingenio Concepción, fecha en la que también allanaron su casa cerca de las 20:00 horas mientras la testigo se encontraba con sus hijos y le preguntaron por su marido. Días antes del secuestro de Manfredi habían allanado los casilleros de los talleres de Tafí Viejo.-

Al día de hoy Ana María Sosa de Reynaga y Àngel Vicente Manfredi continúan desaparecidos.-

(Página 1308)

VII. Marco Histórico

En consideración a la complejidad de la cuestión a decidir, corresponde realizar un análisis del marco histórico en el que se produjeron los hechos, a efectos de acreditar fehacientemente que se trata de injustos cometidos desde el aparato estatal con un plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil.-

El Tribunal se avocará a examinar brevemente los principales rasgos de este plan sistemático y tendrá especialmente en cuenta las consideraciones vertidas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en los requerimientos obrantes a fs. 4799/4922 y 10716/10820 de los autos principales y, asimismo, las exposiciones que han realizado durante la audiencia de debate.-

En el sentido expuesto, es menester señalar que el sistema represivo articulado en el plano nacional se instaura oficialmente el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y asumen el control de los poderes públicos nacionales, provinciales y de toda índole, tal como fue acreditado en la Causa N° 13, año 1984, del Registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (en adelante “Causa 13/84”).-

Si bien la ruptura total y completa del Estado de derecho puede datarse con precisión el 24 de marzo de 1976, múltiples normas y prácticas anteriores a esa fecha dan cuenta de un progresivo deterioro de las garantías constitucionales, fenómeno paralelo a un creciente incremento de la autodeterminación de las fuerzas de seguridad y militares al margen del gobierno constitucional. Este proceso es el que tornó factible y precipitó la usurpación total y completa del poder constitucional. El ejemplo más acabado del fenómeno descripto es Tucumán, provincia en la que el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil aparece montado a principios de 1975, más allá de que sus orígenes pueden rastrearse en años anteriores.-

En este sentido, se advierte que las Fuerzas Armadas en todo el país, y con particular intensidad en Tucumán, en el primer lustro de la década del 70’ iniciaron actividades clandestinas con una metodología que revelaba una preparación para la usurpación total y completa del poder estatal en años posteriores. Grupos paramilitares y parapoliciales comenzaron a desplegar un accionar oculto y al margen de la legalidad que fue dispuesto por las propias jerarquías de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de que en los primeros tiempos puedan haber existido sectores de oficiales que no compartieron esa metodología.-

El proceder descripto, como se dijo, en Tucumán tuvo especial intensidad. Al respecto, durante la audiencia, un considerable número de testimonios dan cuenta de ello.-

Así Alejandro Francisco Viecho dijo que su esposa Rosa fue detenida en el año 71 y él en el 72. Que recuperaron la libertad con la amnistía peronista en el 73 y se casaron y tuvieron dos hijas. Que ambos lograron organizar un sindicato. También señaló que su esposa fue secuestrada el 11 de mayo del 76, que tenía una cita a la mañana y nunca llegó, en tanto que él estuvo privado de su libertad del 74 al 81.-

Lelia Elena Gómez de Campos señaló que el 23 de noviembre de 1974 su marido estaba en una reunión de centros vecinales y alrededor de las 7 u 8 de la noche un hombre se presentó en la casa familiar buscándolo, acompañado del comisario. Media hora después llegó un camioncito lleno de hombres uniformados que allanaron la casa.-

También en el debate María Cristina Soldati dijo que su hermana a la fecha desaparecida Berta María fue dejada cesante de su trabajo por no compartir la ideología imperante. Agregó que hacia el 74 o el 75 por su actividad social su hermana ya había sido detenida en dos oportunidades por unas horas y conducida a la Jefatura en la que en esa época era evidente que quien manejaba todo era Albornoz. Precisó además que ya en el 73 o el 74 con la Triple A les habían puesto una bomba en la casa familiar, en Manuela Pedraza.-

Con referencia en particular a la situación que a principios de los 70’ se vivía en el sur de Tucumán Lucía Mercado dijo que el 18 de noviembre de 1974 en Santa Lucía, a las 6 de la mañana, despertaron a toda la población, iban casa por casa, y pedían los documentos, que detuvieron a muchas personas. Que el ejército controlaba quién entraba y quién salía del pueblo.-

También refirieron a la vida política en Tucumán y a hechos sucedidos en su marco en los primeros años de 1970 Julio César Rodríguez Anido, Francisco Rafael Díaz y Juan Domingo Almaraz.-

Juan Martín Martín explicó que estudió en la Universidad Nacional de Tucumán hasta el año 74, ya que por su militancia en la Juventud Peronista empezó a ponerse difícil la situación y dejó de ir a la universidad, donde cursaba la carrera de ingeniería civil.-

Osvaldo Humberto Pérez manifestó que en el año 75 la situación política que se vivía en Tucumán era muy difícil para los que desarrollaban algún tipo de actividad política partidaria. Que ya en el 74 asolaban la vida las bandas de la Triple A, los comandos de derecha policiales, parapoliciales. Se puso una bomba y se hizo desaparecer el comedor universitario de la quinta agronómica. Que en ese contexto empezó el año 75. Fueron desplazados y le pusieron guardia en el comedor, haciéndose restrictivo el ingreso al mismo y empezó así una persecución.-

Asimismo con relación a la vida universitaria en Tucumán en los comienzos de los 70 Víctor Fernando Alderete explicó que el cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia comenzó a funcionar en el 73 aproximadamente. Que fue elegido en dicho cuerpo en el 74 o 75. Agregó que todos los delegados se pusieron de acuerdo en no tener actividades después de las 19 horas para evitar inconvenientes. En el 75 fue secuestrado uno de los delegados, Walter Anaquín, estuvo unos días secuestrado y finalmente fue liberado. También por esa época entraron en el cuerpo de delegados fuerzas de seguridad, revolvieron todo, rompieron todo. Ese centro funcionaba en Ayacucho al 400. También en esa época pusieron una bomba al lado de la sede del cuerpo de delegados, en la Esuela de Luthería de la Universidad Nacional de Tucumán a la que dañaron gravemente. Agrega que varios delegados fueron secuestrados, entre ellos él mismo en abril de 1976. También sobre la vida política universitaria y sus contingencias en la década del 70 testimoniaron en el debate Beatriz Moya de Santillán, Carlos María Gallardo y Fernando Rovetta.-

Al derrocar al gobierno constitucional, la primera medida de relevancia que tomó la Junta Militar fue el dictado del Acta, del Estatuto y del Reglamento del “Proceso de Reorganización Nacional”. Estas normas implicaron lisa y llanamente que la Constitución Nacional fuera relegada a la categoría de texto supletorio.-

Un examen detenido de tales instrumentos revela que las Fuerzas Armadas tomaron el control de todos los poderes del Estado, asumiendo así la suma del poder público. De los mismos surge una clara descripción de lo que constituye el delito constitucional de traición a la patria contenido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna.-

El “Acta para el Proceso de Reorganización Nacional” estableció:

“En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veinticuatro días del mes de marzo del año mil novecientos setenta y seis, reunidos en el Comando General del Ejército, el Comandante General del Ejército, Teniente General D. Jorge Rafael Videla, el Comandante General de la Armada, Almirante D. Emilio Eduardo Massera y el Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General D. Orlando Ramón Agosti, visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República. Por ello resuelven: 1. Constituir la Junta Militar con los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República. 2. Declarar caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias. 3. Declarar el cese de sus funciones de los Interventores Federales en las provincias al presente intervenidas, del Gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y del Intendente Municipal de la Ciudad de Bs. As. 4. Disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los Consejos Municipales de las provincias u organismos similares. 5. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores Provinciales. 6. Remover al Procurador del Tesoro. 7. Suspender la actividad política y de los Partidos Políticos, a nivel nacional, provincial y municipal. 8. Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales. 9. Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países. 10. Designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación. 11. Los Interventores Militares procederán en sus respectivas jurisdicciones por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta Militar. Adoptada la resolución precedente, se da por terminado el acto, firmándose cuatro ejemplares de este documento a los fines de su registro, conocimiento y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando General del Ejército, Comando General de la Armada y Comando General de la Fuerza Aérea.”.-

A su vez en el Estatuto para el “Proceso de Reorganización Nacional” se dispuso: “Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el Gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del Estado y para el accionar del mismo a fin de alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandeza de la República, la Junta Militar, en ejercicio del poder constituyente, estatuye: Art. 1. La Junta Militar integrada por los Comandantes Generales del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que con el título de Presidente de la Nación Argentina desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación. Art. 2. La Junta Militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como Presidente de la Nación, designando a su reemplazante, mediante un procedimiento a determinar. También inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas…Art.5. Las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el Presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los artículos 45, 51 y 52 y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca. Art. 8. La Comisión de Asesoramiento Legislativo estará integrada por nueve Oficiales Superiores designados tres por cada una de las Fuerzas Armadas…Art. 12. El PEN proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales, y designará a los Gobernadores, quiénes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar. Art. 13. En lo que hace al Poder Judicial Provincial, los Gobernadores Provinciales designarán a los miembros de los Superiores Tribunales de Justicia y Jueces de los Tribunales Inferiores, los que gozarán de las garantías que fijen las respectivas Constituciones Provinciales, desde el momento de su nombramiento o confirmación. Art. 14. Los Gobiernos Nacional y Provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la Junta Militar, al presente Estatuto, a las Constituciones Nacional y Provinciales en tanto no se opongan a aquellos.”.-

Por último, a través del “Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo”, se organizó el desarrollo de la actividad gubernamental.-

Los instrumentos mencionados revelan con toda evidencia, que la estructura de poder instaurada por las fuerzas militares implicó la ilegítima colonización de las funciones estatales administrativa, legislativa y jurisdiccional; tarea que se instrumentó mediante el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que desnaturalizó el sistema de frenos y contrapesos previsto por el constituyente histórico como la principal herramienta de control institucional sobre el poder político y que configuró la suma del poder público.-

Desde la estructura descripta es que pudo montarse el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil a cuyo amparo se cometieron los delitos objeto de juzgamiento.-

Según el Sr. Fiscal Federal, las prácticas de represión contra la población civil pueden rastrearse reparando en los objetivos que el gobierno militar se propuso; objetivos que se conocieron expresamente el 29 de marzo de 1976, a través de un acta en la que se fijaban los propósitos del nuevo gobierno usurpador. En el acta que se indica, en su artículo 1, puede leerse que éstos giraban en torno a:“Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino.”.-

Y en el marco de los objetivos propuestos se produjeron reformas legislativas importantes en concordancia con las proclamas descriptas. Así, por ejemplo, se restableció la pena de muerte, se declararon ilegales las organizaciones políticas sociales y sindicales y se estableció la jurisdicción militar para civiles.-

Asimismo, los objetivos de referencia dieron sostén a la represión generalizada y sistemática contra la población civil instrumentada a través de un plan clandestino de represión acreditado ya en la “Causa 13/84”. Allí se señaló: “…puede afirmarse que los Comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física…”.-

Para la consecución de sus objetivos el gobierno militar dividió al país en cinco zonas de seguridad. Cada una correspondía a la Jefatura de un Cuerpo de Ejército y se dividía en subzonas. Conforme la declaración testimonial prestada en causa “Jefatura de Policía de Tucumán s/secuestros y desapariciones”, Expte. J – 29/09 y oralizada en la audiencia por Mirta Mántaras, esta fragmentación territorial se tomó de la doctrina francesa de la división del territorio para operar en la guerra revolucionaria (véase también Mántaras, Mirta, Genocidio en Argentina, Buenos Aires, 2005, pág. 119).

De conformidad con esta división, el Comando de Zona I dependía del Primer Cuerpo de Ejército, su sede principal estaba en la Capital Federal y comprendía las provincias de Buenos Aires, La Pampa y la Capital Federal. El Comando de Zona II dependía del Segundo Cuerpo de Ejército, se extendía por Rosario, Santa Fe y comprendía las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El Comando de Zona III dependía del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército y abarcaba las provincias de Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis, San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, la sede principal se encontraba en la ciudad de Córdoba. El Comando de Zona IV dependía del Comando de Institutos Militares y su radio de acción abarcó la guarnición militar de Campo de Mayo, junto con algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. El Comando de Zona V dependía del Quinto Cuerpo de Ejército, abarcaba las provincias de Neuquén, Rió Negro, Chubut y Santa Cruz y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires (Cfr. Causa No 44 del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, también denominada “Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional”, fs. 8359 y ss.).-

El accionar represivo obedeció a un plan previamente elaborado, ejecutado en forma sistemática y aplicado a través de una estructura institucional y operacional que funcionó con un elevado nivel de eficacia.-

La similitud de hechos contenidos en las distintas denuncias recibidas por la CONADEP a nivel nacional y por la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán, -recuérdese que la Legislatura de la provincia de Tucumán, el 16 de febrero de 1984 por Ley Nro. 5.599, encomendó a una Comisión especial la recepción e investigación de las denuncias por violación de los derechos humanos cometidos a consecuencia del accionar del terrorismo de Estado en la provincia-, da cuenta de la homogeneidad del proceder del aparato organizado de poder en las distintas jurisdicciones. La mencionada Comisión receptó alrededor de 507 denuncias y sus conclusiones quedaron expresadas en Informe de la Comisión Bicameral, donde se reveló el funcionamiento de una depurada tecnología represiva de la cual puede deducirse la existencia de un conjunto de normas, paralelo al conocido, de carácter reservado y secreto, que regló las acciones contenidas en dicho plan.-

El sistema represivo montado apuntaba a la difusión del terror en forma masiva para así paralizar cualquier intento opositor; el propio Plan del Ejército, describía a los sectores sociales denominados enemigos bajo la siguiente definición: “Determinación del oponente: Se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.

La metodología inherente al Plan del Ejército se caracterizó por una escalada represiva sin precedentes cuyos hechos reveladores son: el secuestro, la detención ilegal y la posterior desaparición de la víctima (por lo general en forma permanente, solo en algunos casos fueron liberadas); el traslado de la víctima a centros de reclusión ignotos y clandestinos; la participación de unidades represivas conformadas por elementos que ocultaban su identidad; la exclusión de toda instancia de intervención de la justicia; el abandono de la víctima en manos de sus captores quienes no contaron con traba legal ni material alguna para accionar sobre ella; la aplicación de tormentos y violencia sexual, de forma discrecional y sin más límites que la propia necesidad de los interrogadores de extraer información o su perversidad; la usurpación de bienes de las víctimas; el soborno a las víctimas y sus familiares en beneficio económico de sus victimarios; la sustracción u ocultamiento de menores, el cambio de identidad y la apropiación de ellos por los mismos captores de sus padres; la negativa de cualquier organismo del Estado a reconocer la detención, ya que sistemáticamente fueron rechazados todos los recursos de habeas corpus y demás peticiones hechas al Poder Judicial y a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional; la incertidumbre y el terror de la familia del secuestrado y sus allegados revelan la situación que se vivía durante el terrorismo de Estado.-

En la Provincia de Tucumán, el origen de este sistema masivo de represión estatal se manifestó mucho antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.-

Al respecto preciso es señalar que el 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 261 que en su artículo 1 establecía “El mando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.-

Resulta importante reparar el significado que en el lenguaje militar tiene la palabra “aniquilar” y cuál fue el sentido con el que fue empleada en la norma emanada del gobierno constitucional. En la jerga castrense “aniquilar” refiere a dejar al enemigo inerme, sin armas, detenido; esto en modo alguno implica matarlo, según especificó Mirta Mántaras en su declaración en audiencia prestada en causa “Jefatura”, cuyo audio se tuvo por introducido en el debate de autos (véase también Mántaras, Mirta, Genocidio…ob.cit., pág. 103), por lo que resulta razonable entender, por la precisión precedente, que el decreto 261/75 al decir “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” no alude a la eliminación física del enemigo, sino a la anulación de su accionar. Se pronunció en sentido semejante el ex ministro Antonio Cafiero en su testimonio durante el debate en causa “Jefatura”, cuyo audio se tuvo por introducido en la audiencia de la presente causa.-

La aclaración precedente tiene importancia porque el decreto 261/75 marca un hito en el progresivo proceso de autonomización de las fuerzas militares y de seguridad que precipitará en el golpe de Estado de 1976.-

Esta autonomización comienza a revelarse, por ejemplo, con la Directiva interna 333 donde el Ejército facultó a detener personas al arbitrio de los militares, algo que no se encontraba contemplado en el decreto 261/75 (Cfr. Mántaras, Mirta, Genocidio…ob.cit., p. 104-105).-

El 06 de Octubre de 1975, a fin de crear un organismo que atendiera a la lucha contra la subversión en todo el país, el Poder Ejecutivo dicta los decretos 2770, 2771, 2772. Por el primero se crea el “Consejo de Seguridad Interna” integrado por el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Cabe observar que las Fuerzas Armadas se integraban al organismo para asesorar a la presidencia, proponiendo las medidas necesarias para la lucha contra la subversión. Por el decreto 2771 se permite al organismo creado por el decreto anterior, suscribir convenios con las provincias para que el personal policial y penitenciario quedara bajo su control operacional. Por el decreto 2772 se dispone que el accionar de las Fuerza Armadas en la lucha antisubversiva abarcaría todo el territorio del país (Cfr. Mántaras, Mirta, Genocidio…ob.cit., p. 113-114).-

A su vez, los tres decretos que se refieren fueron reglamentados el 15 octubre de 1975 por la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa que dispone que la utilización de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales en la lucha antisubversiva. Asimismo adjudica al Ejército la responsabilidad primaria en la conducción de las operaciones contra la subversión en todo el territorio de la Nación, la conducción de la comunidad informativa y el control operacional sobre la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal y las Policías provinciales.

Finalmente, en el marco de la Directiva 1/75 el Ejército dicta el 28 de Octubre de 1975 la Directiva secreta del Comandante General del Ejército 404. Este instrumento normativo reviste importancia, en lo que aquí interesa, por dos motivos. Por un lado porque se trata de una norma secreta de las Fuerzas Armadas que, en tanto que tal, resulta absolutamente ilegítima, por otro, porque establece que es misión de las Fuerzas Armadas “Operar ofensivamente contra la subversión en al ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en el ámbito de las otras FF.AA, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”. Como se constata, se ha verificado una cambio significativo en los términos empleados, ya no se trata de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” como lo establecía el decreto 261/75, ahora lo que corresponde aniquilar son las organizaciones subversivas y, con ello, en la manda castrense de carácter secreto puede advertirse una aproximación a la idea de eliminación física del enemigo.-

En tal sentido puede afirmarse que la expresión “organizaciones subversivas” tiene la aptitud para cobijar en su campo semántico un idea de enemigo considerablemente amplia, capaz de abarcar a todas las organizaciones o elementos integrados a éstas existentes en el país, o que pudieran surgir del proceso que de cualquier forma se entienda que pudieran resultar adversas al accionar de las fuerzas de seguridad y militares. Es así que la idea de enemigo pudo incluir a los partidos políticos, a las organizaciones gremiales, estudiantiles, religiosas, etc. y, más ampliamente, a toda manifestación asociativa emergente de la sociedad civil.-

Ilustra la amplitud de la idea de enemigo sostenida por el aparato organizado de poder la afirmación realizada por el vicealmirante Lambruschini, Jefe de Estado Mayor de la Armada, con relación a “… la necesidad de considerar enemigos no sólo a los subversivos, sino también a los impacientes, los que ponen por encima del país los intereses de sector, los asustados, los indiferentes…” (Diario “La Nación”, publicación del 4/12/1976 citada por Canelo, Paula, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Prometeo, Bs. As, 2008, p. 44) y, en una dirección semejante, las declaraciones realizadas al International Herald Tribune, en París el 26 de Mayo de 1977, por el general Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en cuanto señala “Primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos” (Canelo, Paula, El proceso…, op. cit., p. 44).-

Si se examina en particular el sistema represivo articulado en Tucumán, se advierte que el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil se despliega y aparece plenamente articulado a principios de 1975, más de un año antes que el 24 de marzo de 1976.-

Como ya se ha mencionado, la Misión del Ejército se materializaría mediante la división territorial del país en zonas, subzonas y áreas, las zonas serían cinco. En ese marco la provincia de Tucumán se ubicó en la Zona 3.-

La Zona 3 correspondía al Tercer Cuerpo de Ejército comprendiendo además a las provincias de Córdoba Santiago del Estero, Salta, y Jujuy.-

La Subzona 32 correspondía a la Quinta Brigada del Ejército inclusiva de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.-

El Área 321, que estaba a cargo del Regimiento 19 de Infantería, pertenecía específicamente a la provincia de Tucumán.-

Por la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa se estableció como prioridad No 1 a la provincia de Tucumán.-

Como lo señalara el Sr. Fiscal Federal, dicha división territorial se manifestó en una verdadera ocupación del territorio provincial por fuerzas militares venidas de distintos lugares del país, focalizadas en determinadas áreas, estableciendo bases militares especialmente en la zona sur de la provincia, como Famaillá, Nueva Baviera y Santa Lucía.

La Zona de Operaciones Tucumán conservó la estructura organizativa según lo había determinado la Orden de Operaciones del III Cuerpo del Ejército 3/75 (Continuación Operación Independencia) que establecía una división operativa entre: 1-zona de combate, que comprendía el sudoeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, incluyéndola, y se encontraba subdividida en zonas de acción correspondientes a cada una de las fuerzas de tareas y equipos de combate que operaban periódica y rotativamente en su jurisdicción y, 2- zona de retaguardia, que comprendía el resto de la provincia de Tucumán y se encontraba subdividida a su vez en “zonas de acción” a cargo permanentemente de los elementos de combate con asiento en la ciudad Capital.-

La ciudad de San Miguel de Tucumán si bien formaba parte de la Zona de Combate, operaba independientemente de la misma como área, a órdenes del Jefe del Regimiento 19 de Infantería.-

El espacio que aglutina las manifestaciones más virulentas del ataque generalizado y sistemático contra la población civil son los sitios de confinamiento y tortura de personas secuestradas que se denominan centros clandestinos de detención.-

El propio Ejército los reconoce bajo la expresión eufemística de Lugar de Reunión de Personas Detenidas.-

La existencia de los centros clandestinos de detención en todo el país ya fue reconocida por la sentencia de la causa 13/84. En la misma se explicita que “No existe constancia en autos de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta…cualquiera sea la fuerza de la que dependía el centro o su ubicación geográfica”.-

El Informe de la Bicameral de la provincia de Tucumán, Ley 5599 en su Anexo II identifica más de treinta centros clandestinos de detención e indica que funcionaron en dependencias públicas -establecimientos militares, policiales, educacionales- y privadas -ingenios- y el Anexo II de la causa Menéndez “Centros Clandestinos de detención”, amplía a 36 el número de CCD que funcionaron en la provincia, identificándolos: “Estos lugares de detención y suplicio fueron instalados en Dependencias Policiales de las cuales se identificaron 17, (ej. Jefatura de Policía), Penitenciarias (Penal de Villa Urquiza, Cárcel de Concepción), Establecimientos Educacionales del Estado de los cuales se pueden enumerar 6 (Ej. La escuela Diego de Rojas de Famaillá), Dependencias Militares donde se consignan 8 (Ej. Arsenal Miguel de Azcuénaga), Dependencias Privadas se conocen por lo menos 3 (“el Motel”), e Instalaciones de los mismos Ingenios Azucareros, (CCD el llamado “Conventillo de Fronterita” que funcionó en instalaciones privadas del mismo ingenio La Fronterita, o el ex Ingenio Nueva Baviera”.-

Al respecto, en la audiencia la testigo Liliana Susana Vitar -quien participó como asesora ad honorem de la Comisión Bicameral de Tucumán- analizó la labor de dicho cuerpo en la investigación de cómo operó el aparato represivo de poder en Tucumán, y permitió, a través de reconocimientos con víctimas sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, develar el rol medular que tenían en el aparato represivo del Estado.-

VII.1 Consideraciones político institucionales

Nadie puede negar que, básicamente en la década de los años setenta, sumados unos años antes y otros años después, se vivieron jornadas de extrema tensión y conflicto en las calles de las ciudades del país, y también en algunos pueblos, como consecuencia de la acción represiva que asumieron las Fuerzas Armadas -que tenían subordinadas bajo su mando a las fuerzas de seguridad-, bajo la consigna de que lo hacían en contra de agrupaciones políticas que habían elegido la lucha armada como método para la conquista del poder.

Mas los miembros de esas organizaciones que resultaron reprimidos fueron la minoría, además que muchos de ellos fueron abatidos cuando se encontraban indefensos, en violación de reglas humanitarias esenciales.

En realidad, los máximos responsables de las Fuerzas Armadas pergeñaron un plan sistemático y generalizado de persecución de una parte de la población civil, que pudiera considerarse opositora o peligrosa para los planes de organización política y económica que se habían propuesto. Y en todos los casos, los derrocamientos de los gobiernos elegidos por votación popular (años 1966 y 1976), lo fueron porque quisieron salirse de la legalidad en la acción represiva y porque tenían un plan económico que no se correspondía con los programas que se habían votado en 1963 y 1973. En una vorágine de hechos de lesa humanidad que se consumaron en todo el país, se denigró a las Fuerzas Armadas que habían tenido siempre el orgullo de respetar los intereses de la Nación y del pueblo argentino y realizar las acciones militares con preservación del respecto de la dignidad humana. Se organizaron en forma sistemática y generalizada campos concentracionarios de torturas y muertes a lo largo y ancho del país, en los que estudiantes, obreros, profesionales, gremialistas, dirigentes partidarios, curas, empresarios, fueron sometidos a niveles máximos de indignidad, a través de golpes, descargas eléctricas, malos tratos, hambre, sed, desnudez, oscuridad permanente, enfermedades. Todo ello para provocar en las víctimas la despersonalización absoluta -convirtiéndolos en números-, con permanentes interrogatorios tendientes no sólo a obtener información, sino también a convertirlos en delatores, con el propósito de que perdieran su condición de inocentes frente a ese mundo vil y ruin en que habían sido introducidos a la fuerza.

Todos los centros clandestinos de detención respondían a esas pautas, pero particularmente los que se organizaron en los emplazamientos de Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenal Miguel de Azcuénaga – cuyas víctimas en muchos casos provenían de otros Centros, por ejemplo, Nueva Baviera, Escuelita de Famaillá, Reformatorio, Escuela de Educación Física, Caspinchango, Santa Lucía y Comisarías-, se convirtieron en lugares donde el horror alcanzó niveles inimaginables, en los que se perdía toda esperanza (como en la entrada del infierno del Dante). Todo ello sumado al pérfido sistema de las desapariciones (ocultamiento de cadáveres) que en aras de la clandestinidad y la impunidad, provocaron que lamentablemente se vincularan tales métodos denigrantes en todo el mundo con las Fuerzas Armadas de la República Argentina.

VII.2 Los daños familiares. La pérdida de la condición de seres libres

Si bien en esta causa se discuten cuestiones que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos de la vida, la libertad, la integridad física y sexual, la dignidad, no se puede soslayar el impacto que el Terrorismo de Estado tuvo en muchas familias, que se vieron diezmadas no sólo por la catástrofe de la pérdida de seres queridos sino también por la imposibilidad de trabajar y llevar una vida digna. Muchas víctimas, que sobrevivieron a los secuestros, perdieron su trabajo y no pudieron recuperarlo, muchas familias quedaron a la deriva después del secuestro del ser querido que proveía al sustento diario.

Los testimonios brindados en la audiencia dan cuenta de esa situación. La testigo Juana Ángela Gómez, esposa del desaparecido Manuel Antonio Tártalo, obrero del ingenio San Juan, relató que tenía dos hijos y al momento del primer secuestro de su esposo tenía un embarazo de 8 meses, vivían en un conventillo del ingenio, sin luz, y que cuando su marido fue secuestrado se quedó sola para criar los hijos y lavar pisos. Los testigos Julio Guillermo Suárez, Ramón Francisco Brizuela, Alberto Díaz, Oscar Felipe Díaz, entre otros, relataron que después de su secuestro los echaron del trabajo y los cesantearon. La testigo Lola del Valle Farhat de Manfredi relató que a partir del secuestro de su marido comenzó un gran padecimiento familiar, que no era fácil ni siquiera la subsistencia a pesar de su trabajo, que una vecina se quedaba con sus niños para que ella fuera a trabajar pero que un día le dijo que no podía verlos más y tuvo que ir a trabajar con los chicos”. La testigo Montenegro de Márquez relató que cuando secuestraron a su esposo Damián Márquez “se encontró sola con cuatro chicos pequeños y que ella no trabajaba, ya que su marido era el que aportaba a la casa y empezó a buscar qué podía hacer; que quedaron en la miseria porque su marido era el proveedor de la casa”. La testigo Gladys Estela Jiménez relató que su hermana María Isabel Jiménez de Soldati, antes del secuestro, había sido dejada cesante de sus cargos en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Escuela Normal, o el relato de los peladores de caña, o quienes vivían en Santa Lucía.

Asimismo, es necesario realizar un análisis especial de la actuación que tuvieron las fuerzas armadas en Caspinchango y Santa Lucía. Quedó acreditado en la audiencia que el pueblo estuvo tomado por el asentamiento militar desde febrero de 1975, un gran número de camiones, jeeps, camionetas, carpas y soldados con ametralladores tomaron las calles. Eran los militares quienes digitaban la vida del pueblo, hasta las fiestas más privadas (bautismos, comuniones), con lo que todo el ambiente se fue enrareciendo hasta afectar y quitarle a sus pobladores la rutina diaria del pueblo. En este sentido son ilustrativos los testimonios de Marcos Taire, Lucía Mercado, Juan Manuel Quinteros, Orozco, Godoy en la audiencia. Marcos Taire dijo que “Toda la parafernalia de Santa lucía, Lules, Famaillá sólo sirvió para el control poblacional secuestrándola, torturándola, desmovilizándola, dejándola indefensa”. Lucía Mercado aportó en la audiencia el libro La Base que fue incorporado, en el que relata la historia del pueblo Santa Lucía y en su testimonio claramente refirió a la situación que vivían sus pobladores y hasta la modificación visual que sufrió el pueblo con la llegada de los militares: “lo primero que hacen es cortar todos los árboles de Santa Lucía, que tenían árboles distintos en cada calle, eso fue terrible”. Juan Manuel Quinteros dijo que: “(..) en la zona (Caspinchango, Santa Lucía) a la fecha de los hechos se vivía con miedo, muy atemorizados, había tanques de guerra, a las 20 horas había que apagar las luces, llevaban a quienes ellos querían. En esa época en Caspinchango vivían alrededor de unas 600 familias, se conocían casi todos (…) el lugar de detención de Santa Lucía estaba a cargo del ejército, había oficiales y más bajos. Oyó nombrar allí a Valdiviezo, ese hombre llegaba a la casa de su abuelo, de allí lo conocía. Y llegó a verlo, era un hombre grande, bigotudo. No sabe si él lo sacó de la casa, pero antes lo había visto en casa de su abuelo.” Juan Maximiliano Orozco dijo que “en el 75 en Santa Lucía llegó la federal y después el ejército y cuando llegó la federal hubo una razia sacaron gente de la casa. El ejército se asienta en una oficina del ingenio Santa Lucía (…) Les dieron una tarjeta para que exhibieran cuando eran interceptados en la vía pública. Si no tenían la tarjeta los detenían inmediatamente. Dijo que todos eran conocidos por el Ejército atento que no eran muchos. Había una orden del Ejército que no se podía salir a la noche. Ingresaban a las casas como si fuesen dueños, llevaban gente, la soltaban cuando ellos querían”. Héctor René Orozco en sentido coincidente dijo: “(…) estaban todos los militares a la vuelta de Santa Lucía, el pueblo cambió mucho a partir de eso, no tenían libertad para salir a trabajar, casi todo el día y toda la noche, en el surco se trabajaba de madrugada y no podíamos tener libertad, cuando llegó el ejército les dieron un carnet, tenían que tenerlo para seguir y si no tenían eso tenían problemas, si no los detenían directamente. Hacían patrullaje dentro del pueblo, se las veía a las armas, iban con jeep, camiones llenos de soldados. Muchas veces llegaban de repente y los sacaban de la casa y los llevaban a la Base y los interrogaban, mayormente llegaban de noche. Dijo que sacaban mujeres y varones de las casas. El ejército andaba todo el tiempo por las calles, a veces salían al campo en patrullajes”. Oscar Orlando Godoy dijo en la audiencia: “una vez el ejército les rodeó el pueblo de Santa Lucía e iban requisando casa por casa y si encontraban una revista o algo que no les gustaba se lo llevaban ese día”. Ramón Bernabé Córdoba dijo: “(…) entre los habitantes de Santa Lucía era común que hayan sido detenidos y llevados a la Base, sobre todo cuando se circulaba después de las 9 de la noche”. María Angélica Racedo, vivía en Caspinchando y en sentido coincidente con los otros testimonios dijo “que un día los militares llevaron a todo el pueblo a la Base en Santa Lucia. Que todo el tiempo hacían rastrillajes y pedían los documentos. Se escuchaban ruidos de balas”.

En el ámbito de los estudios políticos los especialistas debaten en torno de las categorías conceptuales autoritarismo y totalitarismo, especialmente con relación al significado y a los fenómenos políticos abarcados por cada una de tales categorías.-

Las discusiones que se mencionan cobraron desarrollo principalmente a partir del enfoque de Hannah Arendt, en cuanto la eminente filósofa política prefiere reservar el término “totalitarismo” para comprender a excepcionales experiencias históricas contemporáneas, en particular, al nazismo en Alemania y al stalinismo en la URSS.-

Es a partir de tal perspectiva que otros autores también insisten en la singularidad del totalitarismo. Así, por ejemplo, Mario Stoppino señala que tan sólo el mundo totalitario es el que provoca una radical penetración y movilización de la sociedad (véase del autor su estudio de la voz “Totalitarismo” en Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola, Pasquino, Gianfranco, Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 2000, Vol. 2).-

Tal como lo evoca el término “totalitarismo”, lo decisivo es la profunda indistinción entre esfera pública y privada que provoca, todo es alcanzado por la dominación totalitaria, nada escapa a su regulación.-

Pues bien, es en el marco de lo precedentemente considerado que, dejando de lado las discusiones ya mencionadas en tanto exceden lo que aquí se juzga, lo que interesa destacar es que la prueba testimonial rendida en el debate con relación al modo en que operó en la zona de Santa Lucía el aparato organizado de poder instalado en el país en la década del 70 evoca, sin lugar a dudas, una experiencia totalitaria.-

(Página 2067)

XI. 5 Derecho a la Verdad

Este Tribunal, más allá de que haya procedido de modo semejante en un pronunciamiento anterior, considera que resulta necesario formular algunas apreciaciones en torno al derecho a la verdad en la presente causa habida cuenta de su particular impacto social.-

Acerca de la especial dimensión del derecho a la verdad en autos como los presentes es necesario advertir que mientras que en los procesos penales comunes -especialmente en el derecho anglosajón, pero también en el derecho continental- la verdad jurídica puede ser entendida como un producto secundario en la medida en que el cometido principal es procurar pruebas que demuestren la culpabilidad o la inocencia de los acusados; en los procesos penales en los que se investigan violaciones a los derechos humanos que configuran crímenes internacionales la verdad jurídica constituye un hallazgo de jerarquía semejante a la atribución de responsabilidad penal a los imputados en el marco del respeto pleno de sus garantías constitucionales.-

Ello en razón de que la verdad jurídica tratándose de crímenes internacionales impacta con especial intensidad en las víctimas, sus familiares y la sociedad toda en tanto tiene íntimo compromiso con la construcción de una sociedad democrática y la vigencia plena del Estado de Derecho.-

Lamentablemente no se pudo a lo largo de la audiencia, responder a los familiares de las víctimas dónde están los cuerpos, lo que constituye una dolorosa realidad para aquéllos, pero también para toda la ciudadanía.-

Este Tribunal hace suyos los fundamentos vertidos en el fallo Urteaga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que: “Esta necesidad de saber, de conocer el paradero de la víctima constituye un principio que aparece en toda comunidad moral (Emile Durkheim, “Las reglas del método sociológico”, México, Premia Editora, 1987, ps. 36/37, 48 y sigtes.; Max Weber, “Economía y sociedad”, México, Ed. del Fondo de Cultura Económica, 1996, ps. 33 y 330 y sigtes.). Cuestionar ese derecho implica negar que un sujeto posee una dignidad mayor que la materia. Y ello afecta, no sólo al deudo que reclama, sino a la sociedad civil, que debe sentirse disminuida ante la desaparición de alguno de sus miembros; ‘una sociedad sana no puede permitir que un individuo que ha formado parte de su propia sustancia, en la que ha impreso su marca, se pierda para siempre (Robert Hertz, “La muerte”, Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 91). Es por ello que toda comunidad moral permite y protege la posibilidad del duelo, ya que a través de él ‘se recobran las fuerzas, se vuelve a esperar y vivir. Se sale del duelo, y se sale de él gracias al duelo mismo’ (E. Durkheim, “Las formas elementales de la vida religiosa”, Madrid, Alianza Editorial, 1993 p. 630)”. (Fallo Urteaga Facundo c/Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fallos 321:2767, Considerando 7, voto del Dr. Bossert).-

Este derecho a conocer el destino de las víctimas es una de las conquistas del humanismo ya que está estrictamente vinculado con la dignidad humana y su vulneración configuró en todos los tiempos la perpetración de una impiedad y nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres cercanos, lo que requiere el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias.

El esclarecimiento de los hechos es fundamental para satisfacer el derecho a la verdad sobre personas desaparecidas de modo tal que, aún sin poder saber donde está el cuerpo de la víctima, permite morigerar el dolor de la incertidumbre y abrir la posibilidad de un duelo, obrando la justicia de los hombres como un modo de reparación, que, aunque imperfecto, opera como una sanación.-

Dentro de los derechos protegidos por la cláusula del art. 33 de nuestra Constitución Nacional se encuentra el derecho a conocer la verdad sobre personas desaparecidas. Este derecho lo titularizan quienes tienen vínculos jurídicos familiares. Sin embargo es un derecho que tiene una perspectiva colectiva porque concierne a la sociedad en su conjunto. Así lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que “el derecho a la verdad sobre los hechos, como obligación del Estado no es sólo con los familiares de las víctimas sino también con la sociedad y ha sido diseñado como sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables y tiene un fin no sólo reparador y de esclarecimiento sino también de prevención de futuras violaciones” (Informe n° 25/98 casos 11.505, Chile, del 7 de abril de 1998, párr. 87 y 95 e Informe n° 136/99 caso 10.488 Ignacio Ellacuría y otros, El Salvador, del 22 de diciembre de 1999, párrs. 221 a 226″ (Considerando 25 del voto del Dr. Boggiano en el Fallo “Simón, Julio Héctor y otros”).

El derecho a la verdad ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el dictado de su primera sentencia donde sostuvo que “El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso si en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance” (Velásquez Rodríguez, sentencia del 29/07/1988, párr. 181) Y fue sostenido posteriormente en otros pronunciamientos. (caso Bámaca Velásquez, del 25/11/00, caso Barrios Altos del 14 de Marzo de 2001, caso Las Palmeras del 6/12/01).-

Que frente a un pasado dictatorial un Estado de Derecho no debe aspirar a “superarlo”, “elaborarlo” o a cualquier otra estrategia que se traduzca en la búsqueda de un proceso más bien técnico como si el pasado pudiera “dominarse”, solucionarse”, “vencerse”, “terminarse”. Por el contrario, debe encaminarse a confrontarlo y en esa tarea la vigencia del derecho a la verdad cumple un rol protagónico. (Cfr. Sancinetti, Marcelo A. y Ferrante, Marcelo, El derecho penal en la protección de los derechos humanos, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 105-110).-

(Página 2072)

RESUELVE: (…)

III) CONDENAR a LUIS ORLANDO VARELA, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena que incluye INHABILITACIÓN ABSOLUTA y COSTAS, por ser autor material del delito de i) Asociación ilícita (art. 210 del CP); ii) Privación ilegítima de libertad (art. 144 bis del C.P. según ley 14.616); iii) Tormentos agravados (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616) (…); autor mediato de los delitos de: (iv) Violación de domicilio (art. 151 del CP) (…) (v) Privación ilegítima de libertad (art. 144 bis del C.P. según ley 14.616) y (vi) Tormentos agravados (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14.616) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María, (…) (viii) Homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del C.P., Ley 21.338) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María, (…) viii) Abuso deshonesto agravado por haber sido cometido con el concurso de dos más personas (artículos 127 y 122 del C.P. según Ley 11.221) en perjuicio de E.L.C.; todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.- (…)

VIII) CONDENAR a ERNESTO RIVERO, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena que incluye INHABILITACIÓN ABSOLUTA y COSTAS, por ser autor material del delito de i) asociación ilícita agravada (art. 210 y 2100 210 bis del CP), partícipe necesario (art. 45 del C.P.) en la comisión del delito de: ii) Privación ilegítima de libertad (art. 142 del C.P.) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María, (…); todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.-

IX) CONDENAR a TOMÁS ADOLFO GÜEMES, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena que incluye INHABILITACIÓN ABSOLUTA y COSTAS, por ser autor material de los delitos de: i) Asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del C.P. según Ley 21.338); partícipe necesario (art. 45 del C.P.) en la comisión de los delitos de: ii) Privación ilegítima de libertad (art. 142 del C.P.) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María (…); todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.- (…)

XI) CONDENAR a ALBERTO HÉCTOR RAFAEL MONTES DE OCA, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena que incluye INHABILITACIÓN ABSOLUTA y COSTAS, por ser y como autor material del delito de i) Asociación ilícita (art. 210 del C.P.); partícipe necesario (art. 45 del C.P.) en la comisión de los delitos de: ii) Privación ilegítima de libertad (art. 142 del C.P.) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María (…) ; todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.-

XVI) CONDENAR a FERNANDO TORRES, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de DIECISEIS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena que incluye INHABILITACIÓN ABSOLUTA y COSTAS, por ser autor material del delito de i) Asociación ilícita (art. 210 del CP); partícipe necesario (art. 45 del C.P.) en la comisión de los delitos de (ii) Violación de domicilio (art. 151 del CP) (…) (iii) Privación ilegítima de libertad (art. 144 bis ley 14.616) en perjuicio de SOSA DE REYNAGA Ana María, (…); (iv) Tormentos agravados (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616) en perjuicio de (…) SOSA DE REYNAGA Ana María (…) y (vi) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP) en perjuicio de SOSA DE REYNAGA Ana María, (…) .; todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera. Lo dispuesto, con la disidencia parcial del Sr. Juez de Cámara, Dr. Juan Carlos Reynaga, que impone una PENA de PRISIÓN PERPETUA, conforme se considera.-

(…)

XLVIII) PROTOCOLÍCESE – HÁGASE SABER.-

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Este lunes 28, el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán rindió homenaje a la docente desaparecida el 8 de agosto de 1976, profesora Ana María Sosa de Reynaga.

 

Pedagoga y psicóloga social, Ana se formó con el Dr.  Enrique Pichon-Rivière entre 1966 y 1972 en la Primera Escuela de Psicología Social de Tucumán.
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Fuente: pcr.org.ar

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